La técnica del “enriquecimiento injusto”

Aunque esta técnica ha sido usada desde hace ya hace tiempo, sí es nuevo que sea utilizada en la administración que dirige el Molt Honorable, es decir, en la Generalitat Valenciana actual y para mayor novedad, en la Conselleria de Igualdad, que regenta la vicepresidenta del Gobierno Valenciano, recordemos, hasta hace poco era la adalid y ejemplo de lucha contra los fraccionamientos de contratos y otras corruptelas varias.

Bien, pero hablemos un poco de la vía de pago mediante el reconocimiento de enriquecimiento injusto. 

De forma sistemática se recurre a esta técnica con la clara intención de eludir la concurrencia competitiva y pública en los contratos públicos, resultando reiteradamente adjudicatarios los mismos empresarios.

Ésta no es una práctica puntual a la que se recurra en situaciones excepcionales donde, por motivos que escapen de la capacidad de disposición de las autoridades locales o de la Generalitat, haya sobrevenido la necesidad de satisfacer un pago que no se justifica en una relación contractual. Más bien al contrario, es práctica reiterada (en algunas consellerias) atender el pago de los servicios de los que requiere con carácter ordinario y recurrente mediante el reconocimiento de la situación de enriquecimiento injusto. De este modo, se puede evitar la licitación del correspondiente contrato por el procedimiento abierto, sirviéndose así de decidir de modo directo y plenamente arbitrario a la empresa que haya de prestar el servicio, atendiendo a criterios que se desconocen.

Se reconoce el pago por servicio para los que no existe acto administrativo o contrato que dé soporte al pago, ya que la finalización del contrato inicial ha expirado y no se ha realizado concurso público para renovarlo y sigue prestando el servicio, por lo que se reconoce directamente la responsabilidad extracontractual, recurriendo a la tramitación del enriquecimiento injusto. El recurso al pago en vía de enriquecimiento injusto priva a la Intervención de la Generalitat de la fiscalización de dichos contratos, al no haber existido.

Una vez más nos acogemos a los recovecos de la excepcionalidad para su conversión en habitualidad, entendiendo que a veces la maquinaria de la administración es tan lenta y pesada que no llega a tiempo de sacar a licitación la renovación de determinados contratos que ya están en marcha, de ahí que este sistema esté concebido para la excepción y no para la norma (recuerden que hablamos de más de 43 millones de euros bajo esta técnica), es más, la fiscalización se limita a constatar la inexistencia de los contratos, lo que sumado al reconocimiento de que los servicios se han prestado, obligaría al pago; pero no puede contrastarse por los interventores la procedencia de los contratos y todos los demás requisitos que, habitualmente, están sometidos a fiscalización. Sirviéndose así de decidir de modo directo y plenamente arbitrario a la empresa que haya de prestar el servicio, atendiendo a criterios que se desconocen.

Como verán, el uso torticero y partidista de un sistema, lo prostituye. Debemos pues erradicar de nuestras administraciones este tipo de técnicas capciosas y prohibir su uso sin control.

Me consta que al Director de la agencia Antifraude Valenciana, este tipo de técnicas le parece dignas de ERRADICARSE es más, las cita como CORRUPTELAS, pero al que veo haciendo “mutis por el foro” es al conseller de Transparencia, vamos ni una palabra, porque esto de transparente no tiene nada de nada, más bien es opaco, opaco, opaco, aunque bueno, está dentro de su línea continuista de no hacer absolutamente nada, qué pena de conselleria y dinero tirado a la basura.