Acaba en Fiscalía "obligar" a los médicos a usar su coche para atender pacientes

Vehículos eléctricos de la Conselleria de Sanidad.

Vehículos eléctricos de la Conselleria de Sanidad.

El sindicato dice que las medidas van "contra los derechos" reconocidos en la Ley General de Sanidad que obliga a poner a disposición de los sanitarios "los medios necesarios".

El Sindicato Médico CESM-CV ha denunciado ante Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) la supuesta obligación de los médicos a conducir vehículos eléctricos o a utilizar "su propio vehículo o taxis", por lo que entienden que "las medidas y los modos" de los departamentos de salud de Alicante/Sant Joan d'Alacant y Orihuela, son "coercitivas" y "atentan contra los derechos básicos de cualquier trabajador".

El sindicato se ha referido así a la suspensión del transporte para la atención domiciliaria y la obligación de los médicos acudir a los domicilios de los pacientes en coches privados, alquilados o en taxi que prevé el nuevo contrato de ambulancias.

A juicio del sindicato, esas nuevas medidas van "contra los derechos" reconocidos en la Ley General de Sanidad que obliga a poner a disposición de los sanitarios "los medios necesarios" para realizar sus funciones.

En la denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press este viernes, el Sindicato sostiene como "coactivas" las medidas aprobadas y suponen "una modificación de las condiciones laborales" que tenían "reconocidas", por lo que se vulnerarían además "la negociación colectiva".

Además, han recordado que en "ninguna" oposición de acceso a la sanidad pública "se exige" como "requisito" tener carnet de conducir, vehículo propio "y mucho menos tener que poner un bien privado, como es el vehículo personal o familiar, a disposición de un servicio público.

En ese sentido, han subrayado que la actuación médica tiene "riesgos adicionales, más si es urgente" y que la "falta de identificación" impide "ceder en condiciones de seguridad su circulación preferente".

En la denuncia se explicita que para el caso del Departamento de Orihuela se han alquilado vehículos y que se traslada "la resposanbilidad de la atención domiciliaria, al uso por el personal" de los coches, y sin "estudio de prevención de riesgos" o cuestiones como accidentes, multas o "atención en caso de conflicto".

Para el sindicato denunciante, las medidas infringen "claramente" la legislación de prevención de riesgos laborales que está tipificado como "delito contra los derechos de los trabajadores, así como puede constituir un delito de coacciones y otro delito de prevaricación".

Finalmente, exponen que la denuncia se realiza sobre los departamentos de Sant Joan d'Alacant y Orihuela por "el clamor" que los delegados sindicales han recogido de médicos y empleados públicos ante afirmaciones como "pues tu sabrás si al paciente le pasa algo", "tu serás el responsable de lo que le pase al paciente" o "es tu obligación acudir a la asistencia domiciliaria".

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