17 de septiembre de 2019
DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT

La ministra Montero se delata y reconoce que mandó fabricar un informe a medida

El Gobierno de Pedro Sánchez está utilizando la financiación de las comunidades autónomas como medida de presión para conseguir su investidura, y con técnicas cuanto menos dudosas.

La ministra de Hacienda ha reconocido implícitamente que mintió cuando aseguró que había un informe de la Abogacía del Estado que respaldaba la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de no actualizar las entregas a cuenta a las comunidades autónomas por estar en funciones. 

Un asunto que tiene a las autonomías ahogadas y soliviantadas y que hasta el valenciano Ximo Puig, del PSOE, se ha atrevido a denunciar en público pese a ir contra su propio partido. Hay que recordar que la Generalitat de Cataluña ha llegado a los tribunales al Ejecutivo central por este conflicto. En juego hay 5.000 millones de euros bloqueados.

Deprisa y corriendo, Hacienda ha obligado en las últimas horas a la Abogacía del Estado a fabricar tal informe ad hoc para no quedarse a los pies de los caballos y sin coartada. Pero ni por ésas, porque con ello ha quedado en evidencia que antes no existía. 

"Los informes jurídicos pueden ser verbales o por escrito", ha asegurado la ministra María Jesús Montero este miércoles intentando sacar los pies de las arenas movedizas políticas. Sin embargo, el PP ha pedido que le entregue el documento o dimita.

Existir, ahora ya existe. Se trata de un informe de 13 páginas que, según El País, es "rotundo" y en el que la Abogacía del Estado considera "ilegal" desbloquear dichos fondos estando el Gobierno en funciones como lo está. 

Al Ejecutivo no solo le sirve de coartada sino también como medida de presión para lograr la investidura de Sánchez, con las comunidades como rehenes.

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