Los tres muros que se encontrará la Ley Celaá para frenar el "españolicidio"

La nueva Ley de Educación que ha preparado la ministra Isabel Celaá se va a saldar con un triunfo histórico del independentismo y de la izquierda radical, que van a conseguir objetivos que venían persiguiendo desde hace años, como el fin del blindaje al castellano en las aulas y el arrinconamiento de la educación diferenciada. Eso, si no la frena nada.

Y al menos hay tres barreras o cortafuegos en marcha, según ha podido saber ESdiario, que intentarán frenarla: una es el Tribunal Constitucional, la otra la Comisión Europea y, por último, la Comunidad de Madrid, hasta donde sus fuerzas lleguen.

Por partes. Sobre el TC, el propio Gobierno es consciente de que la LOMLOE difícilmente sorteará la previsible intervención del Alto Tribunal para prohibir la exclusión del español como lengua vehicular en la educación catalana o vasca, contraviniendo un precepto constitucional.

Ni el propio Gobierno esta convencido de que el Constitucional apruebe al 100% su reforma educativa

Fuentes próximas a Moncloa confirman de algún modo que "cuentan" con ello, aunque no parece preocupar demasiado: el intento, si al final quedara en eso, cumpliría su objetivo de atraer a ERC a la órbita gubernamental para la aprobación de los Presupuestos y les permitiría a los independentistas "vender" un éxito antes de las Elecciones Catalanas o, después, engordar su victimismo ante España si se frustra la reforma.

El segundo obstáculo es enorme, si de verdad se activa. Fuentes políticas europeas confirman a este periódico que, desde hace tiempo, la exclusión o minusvaloración del español en las aulas catalanas están bajo la diana de la Comisión Europea, hasta el punto de que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ya habría accedido antes de esto a investigar la discriminación del castellano en la educación pública.

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Las mismas fuentes no descartan que, incluso, el órgano de tutelaje europeo haya remitido una carta a Isabel Celaá preocupándose por este asunto. Y aún más, no se rechaza la posibilidad, ante las novedades en el sentido contrario al deseado, de que se envíe una especie de misión de europarlamentarios a Cataluña para investigar el caso in situ. 

La última barrera viene de la Puerta del Sol, donde el Gobierno de Ayuso trabaja a marchas forzadas en una respuesta legal que, sin incumplir la LOMLOE porque eso es imposible, esquive al menos dos de sus imposiciones más rechazadas en Madrid: la desaparición de la educación especial, integrada en colegios convencionales pese a las quejas unánimes de los afectados; y la persecución de la concertada, fortísima en Madrid.

Según fuentes autonómicas consultadas por ESdiario, la idea es aprobar con la mayor rapidez posible un proyecto de ley para garantizar ambas modalidades desde la Comunidad de Madrid con recursos propios que completen el "abandono" del Ministerio de Educación.

Los antecedentes

En realidad, este guiño del PSOE en el proyecto de la nueva Ley de Educación persigue otros objetivos, que no son otros que los de sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado con la misma mayoría que permitió la investidura de Pedro Sánchez el pasado mes de enero.

Para ello han contado con la inestimable colaboración del vicepresidente segundo y líder de Podemos, que apostaba claramente por no variar de socios y arrinconar, así, a Ciudadanos como posible líder presupuestario.

Gracias a los buenos oficios de Pablo Iglesias, esos objetivos ya han sido en parte conseguidos: el pasado viernes, tanto ERC como Bildu anunciaban que no van a presentar enmienda a la totalidad del proyecto de las cuentas para el próximo año, lo que supone todo un empujón en favor de los mismos.

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En este movimiento de los independentistas radicales ha pesado, sin duda, la enmienda conjunta a la ley Celaá, que contempla que el castellano dejará de ser lengua vehicular en Cataluña. O lo que es lo mismo, los niños de aquella comunidad autónoma lo estudiarán como si se tratase de una lengua extranjera, como el inglés o el francés.

Podemos también se ha llevado en el ámbito educativo su trozo del pastel: se suprimirá el concierto para los centros de educación diferenciada, lo que pondrá en serias dificultades a miles de familias que llevan a sus hijos a estos centros, siendo perjudicados así en su libertad de ofrecer a los mismos el modelo educativo preferido.

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Que el PSOE de Pedro Sánchez haya dado su plácet a estas medidas ha provocado una conmoción política. No sólo en el centro derecha, pues PP y Ciudadanos ya han anunciado que presentarán un recurso de inconstitucionalidad a la Ley Celáa. Tal vez lo hagan de forma conjunta. También en el propio PSOE, pues ya hay circulando un manifiesto impulsado por dos socialistas que han firmado miles de personas, entre ellos ex ministros del PSOE y dos ex presidentes del Senado.

Y una última barrera puede ser la plataforma "Más plurales", opuesta a la Ley en su conjunto y especialmente preocupada por el futuro de la escuela concertada, que deja en el aire a más de dos millones de alumnos y a miles de profesores. De momento ya ha recogido un millón de firmas y la cifra sigue subiendo.