Todas las formaciones salvo el PSOE dicen basta y se niegan a asumir el asalto de Hacienda a las arcas de los municipios con la complicidad del presidente socialista de la FEMP.
Los principales alcaldes de España, con el primer edil de la capital, José Luis Martínez-Almeida a la cabeza y con el regidor de Zaragoza, Jorge Azcón, como anfitrión, han estallado. Y se plantan y anuncian batalla contra el asalto de Pedro Sánchez a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), con la complicidad de su presidente, el alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero.
Hoy, 9 alcaldes de diferentes partes de españa y de diferente signo político hemos firmando un documento en el que rechazamos el pacto de la FEMP con el Gobierno.
— José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) August 7, 2020
Hay posibilidad de acuerdo pero solo respetando nuestra autonomía local y teniéndonos en cuenta.
La clave de esta rebelión de los ediles contra La Moncloa es que entre los rebeldes hay alcaldes de todos los partidos, desde el PP hasta el BNG, pasando por Ciudadanos, JxCat, ERC, PNV, Podemos o Compromís.
Ha sido el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, el que ha anunciado una declaración conjunta de rechazo al decreto ley que recoge el acuerdo entre el Gobierno y la FEMP sobre la liberación de los remanentes y el uso del superávit.
Vamos a unir nuestras voces para defender a nuestras ciudades frente a la injusta decisión del Ministerio de Hacienda Hoy somos 10 alcaldes de diferentes colores, pero queremos abrir la puerta a todos aquellos que quieran sumarse No vamos a permitir esta injusticia pic.twitter.com/AQSFfafuxm
— Jorge Azcón (@Jorge_Azcon) August 7, 2020
Así lo han acordado en una reunión telemática en la que han participado los alcaldes de Bilbao (PNV), Cádiz (Adelante Cádiz), Granada (Cs), Lleida (ERC), Madrid (PP), Murcia (PP), Pontevedra (BNG), Reus (JxCAT) y Santa Cruz de Tenerife (CC), además del propio Azcón.
En la declaración se expone que se deje a los ayuntamientos disponer íntegramente de sus ahorros: "Que esos ahorros no estén condicionados a gastarlos en lo que diga el Gobierno de España, queremos que aquellos ayuntamientos que tienen remanentes, puedan gastarlo en turismo, en los autónomos, en otro tipo de cuestiones que no están incluidas dentro del decreto; la flexibilización de la regla de gasto de 2021, una serie de aportaciones que han hecho los alcaldes en la reunión telemática que se van a incorporar al documento con el que veníamos trabajando".
Bilbao no va a entregar sus remanentes al Estado. #Bilbao pide la flexibilidad necesaria para atender las necesidades de las bilbainas y bilbainos.
— Juan Mari Aburto (@juanmariaburto) August 7, 2020
Bilbao está en una buena situación económica para afrontar el futuro. pic.twitter.com/scz83ma34h
"Entre las cuestiones que hemos aprobado hoy en esta reunión es que se trata de una liga de alcaldes que van a defender a sus ciudadanos sin colores políticos, sin ideologías, sin partidos que lo sustenten, en palabras del alcalde de Lérida", ha apostillado Azcón.
La declaración va a ser trasladada al Ministerio de Hacienda, con una petición de reunión a su titular, María Jesús Montero. "Que oiga de nuestra propia voz que estamos en contra, que lo han acordado el Ministerio de Hacienda y la FEMP no representa al municipalismo, no soluciona los problemas reales que tienen nuestros vecinos, no soluciona los problemas que tiene la ciudad de Zaragoza", ha apuntado Azcón.
Pedro Sánchez y Abel Caballero, este martes, firmando el acuerdo que deja en manos de Gobierno los ahorros de los ayuntamientos.
De forma paralela, el PP ha anunciado que presentará mociones en todos los ayuntamientos para denunciar la "expropiación" del Gobierno a los ahorros municipales y con la que buscará también que los alcaldes y concejales socialistas se "levanten contra este atropello", según han anunciado fuentes del partido.
Además, solicitará la reprobación del presidente de la Federación Española de Municipios, Abel Caballero, por "traicionar al municipalismo" al no defender los "intereses de las entidades locales" y permitir que se rompa un "consenso histórico" en la institución.