Proposición de ley de gestión de residuos: parcialmente de acuerdo

Toda ley que adapte necesidades presentes y futuras en la Comunitat Valenciana a las directrices de la Unión Europea es bien recibida por nuestro colectivo de Ingenieros Industriales y nuestro colegio profesional. Y así sucederá cuando se apruebe la Proposición de Ley de gestión de residuos en cuyo debate en Les Corts hemos participado desde el Colegio de Ingenieros Industriales, siempre que se haga teniendo en cuenta varios aspectos.

Porque hemos de ser conscientes de que, en los tiempos de incertidumbre económica a los que nos aproximamos, no es bueno introducir medidas unilaterales de restricción a las empresas de la Comunitat que nos hagan perder competitividad con empresas de nuestro entorno más próximo, como son las del resto de España y de Europa.

Estamos hablando de una ley que, groso modo y haciendo una lectura por encima, no dice nada en favor de actividades de valorización energética, que no han sido incluidas en el texto, salvo en lo referente a los combustibles sólidos recuperados y combustibles derivados de residuos.

Estamos hablando de medidas medioambientales que, si bien deberían ser compartidas entre productor y gestor, como sucede en Francia, a nivel medioambiental, su impacto puede ser mínimo. Sin embargo, económicamente, pueden tener una repercusión muy importante a nivel local, puesto que afectarían a industrias dinamizadoras de la economía de nuestra Comunitat, que aportan competitividad, empleo estable, y de calidad, como por ejemplo, la industria del azulejo en Castellón.

Además, y como muestra, la ley propuesta, si bien habla del flujo de residuos (orgánico, plástico…), apenas indica nada sobre las plantas de tratamiento necesarias para tratar estos residuos, ni quién debe construirlas, ni cómo pueden ser financiadas ni cómo deben ser explotadas. Ambigüedades que nos abocan a una falta de gestión y a una inseguridad jurídica a los operadores del sector la gestión de residuos.
Otro problema radica en la gestión del producto derivado de la gestión del residuo, muchos de ellos de difícil reintroducción en el ciclo de vida de los productos como, por ejemplo, el compost, que hoy en día tiene complicada su entrada en el mercado. Como idea, ¿por qué no introducir en la ley que los entes locales asuman el compost producido por sus residuos orgánicos?

Si bien la ley como aproximación a las directrices de la UE no es mala, ha de tener en cuenta que para que la economía circular sea una realidad debemos involucrarnos todos los agentes, y no sólo una parte de los operadores.

Porque esto no se puede convertir en un nuevo desagravio para el sector industrial en general, que está compitiendo en este mercado global, día a día y en desigualdad de condiciones; con la necesidad real de más ayudas y menos tasas para afrontar, con garantías de éxito, ese presente que es la transformación digital, que les permita continuar modernizando su estrategia y ofreciendo servicios más innovadores y de más alta calidad.

El sector de la gestión de los residuos industriales necesita, entre otras medidas de imperiosa necesidad, buscar una armonización técnica y fiscal en todo el territorio nacional, porque cualquier medida unilateral en la Comunitat vendría a romper la unidad de mercado. Además, la nueva gestión no tendría que suponer un mayor coste, ni para la hacienda pública ni para el administrado, más cuando puede ser gestionado por la Agencia Valenciana de Residuos o la Oficina de Prevención y Gestión de residuos, organismos existentes y competentes para tal labor.

Tras la lectura de la Ley, lo que percibimos es que puede mejorar la gestión de los residuos, pero no se cuantifica en ningún momento el impacto económico y la repercusión a las arcas públicas ni para el administrado.

Esperamos, se tenga en cuenta lo aquí expuesto y quepan enmiendas que corrijan aquello susceptible de ser mejorado. Es nuestra opinión.

*Presidente Comisión Competencia Profesional Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana