24 de noviembre de 2020
DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT

Los rectores congelan la verdad del máster con un 'silencio' inaceptable

La Conferencia de Rectores tenía la obligación inaplazable de aclarar si Cifuentes hizo el Máster tal y como dijo o se lo inventó. Lejos de eso, añadió confusión para protegerse. Muy penoso.

 

 

La Conferencia de Rectores, una especie de sindicato endogámico de los responsables de la merecida mala imagen de la Universidad española, incumplió sus más elementales obligaciones al hurtarle a la opinión pública una explicación definitiva e incontestable sobre el caso del máster de Cristina Cifuentes al hilo de una simple pregunta que se se negó a responder: ¿Hizo ese curso la presidenta de la Comunidad de Madrid o se lo regalaron?

Lejos de aclarar ese dilema, de forma fehaciente e indubitable, la CRUE se limitó a protegerse a sí misma y al rector de la Universidad Rey Juan Carlos, con un discurso deplorable que no aclaró suficientemente la gran incógnita y se limitó a exigir impunidad para el sector universitario y a criticar a la clase política; como si los rectores estuvieran al margen de cualquier control y escrutinio público inherente a cualquier apéndice de la Administración. Y la Universidad lo es, por mucha toga y mucho birrete que envuelva a los representantes de la educación superior.

Los rectores sólo tenían que responder a una pregunta sencilla sobre si Cifuentes hizo el máster o se lo regalaron. No lo hicieron

En plena tormenta política en la Comunidad de Madrid, con la amenaza de una traumática moción de censura, la petición de dimisión a todo un presidente -cuya posición es cada vez más insostenible- y la inmensa controversia nacional que todo ello ha generado; es impresentable que los rectores hayan escurrido el bulto con unas explicaciones que no sólo son insólitas, sino además falsas: nada les impide aclarar si Cifuentes hizo o no el máster mientras la Justicia, en una vía paralela, investiga si algún funcionario cometió o no delitos.

Era tan fácil de responder a esa pregunta, revisando simplemente la huella informática de todos los trámites inherentes a la inscripción en un curso y recogiendo los testimonios de los profesores del mismo, que no haberlo hecho tiene que ser una decisión premeditada con una intención perversa y unas consecuencias indeseables. Sólo tendría un mínimo sentido esa deplorable actitud si, a la vez, se hubiese anunciado  la fecha exacta en que la Rey Juan Carlos emitirá un dictamen definitivo, que ha de ser necesariamente próxima. Tampoco lo hizo.

Una actitud insólita

¿Cómo es posible que una Universidad, y con ella la entidad en que se integra, no sea o quiera ser capaz de aclarar algo tan sencillo como si un alumno cursó o no uno de esos estudios? ¿A quién pretenden engañar con la excusa de una acción judicial paralela, distinta y en ningún caso excluyente con la estrictamente administrativa que le corresponde a la institución académica?

El colmo es que, además de ese incumplimiento, la CRUE se permita regañar a los partidos políticos -de cuyos representantes en las instituciones depende también la Universidad-, exigir una especie de impunidad al convertir en abuso un derecho tan esencial como la fiscalización urgente de un sector bajo sospecha y, finalmente, proteger a un rector, el de Móstoles, que a estas alturas debía ya haber dimitido.

 

 

Lo único cierto es que, antes dos versiones contrapuestas verosímiles y con lagunas ambas, la de la propia Cifuentes y la de quienes no la creen, la CRUE tenía que haber irrumpido con una versión final y definitiva que despejara la verdad y o bien provocara la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, o bien su restitución entre disculpas.

Cualquier otra opción es intolerable y alimenta el descrédito de un sector que, en su conjunto, opera con falta de transparencia, opacidad, nepotismo e ineficacia: quizá por eso ninguna universidad española figura en el Top 100 mundial y, tal vez por lo mismo, la sensación de que un eventual apaño de un máster es más una norma que una excepción, comienza a consolidarse.

La Universidad no es transparente y reclama ser impune. Este conflicto obliga a auditarla al completo: está bajo sospecha

Lo que debe decidir el futuro del Gobierno regional más importante de España, si nos atenemos a su impacto socioeconómico en el conjunto del país, no es ni las filias ni las fobias que suscite la inquilina de la Puerta del Sol, ni los intereses estratégicos de ningún partido: es la verdad, desprovista de interpretaciones y rotunda, la que tiene que dirimir un dilema y hacer unánime, a continuación, la adopción de medidas.

Una respuesta y clara

Pero lejos de rendir cuentas, lo que han intentado los rectores es criminalizar que se las pidan a ellos para prolongar un estatus que no tienen ni pueden esperar, a costa de prolongar una situación irrespirable en Madrid con reflejos políticos en toda España. Por eso, antes de proseguir con peticiones de dimisión o mociones de censura, perfectamente válidas en unas horas o días si el dictamen final es adverso para Cifuentes; todos los partidos deberían centrarse en exigir una respuesta clara, documentada y no interpretable de la CRUE y la Rey Juan Carlos.

Para, a continuación y sin prisas ni pausas, examinar a fondo al conjunto de la universidad española, aqueja de males que requieren una nueva política basada en abrir las ventanas y levantar las alfombras: a eso tienen miedo los rectores, sin duda, y eso explica su sonrojante papel en este asunto.

 

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