Justicia guarda en un cajón la cifra real de muertos que le envían los Registros

El lunes, horas después de que ESdiario publica que el vicepresidente Pablo Iglesias tiene ya la cifra de fallecidos en residencias de ancianos pero que el Gobierno se niega a darla, hubo una rueda de prensa de Salvador Illa en La Moncloa.

Allí, los corresponsales de dos importantes medios extranjeros, Reuters y Daily Telegraph, preguntaron al ministro de Sanidad “qué impide al Gobierno dar la cifra” y le “ruegan” -literalmente- que conteste de una vez “para avanzar en este tema” porque los periodistas llevan semanas pidiendo esos datos.

Iglesias tiene la tétrica cifra de muertos en las residencias pero no quiere darla

Pero el ministro de Sanidad salió de nuevo por la tangente y respondió de forma escueta: “Cuando tengamos los datos los daremos a conocer”. Illa y el Gobierno se escudan en que los datos los suministran las comunidades autónomas, pero es falso. El Gobierno tiene información propia y diaria a través del Ministerio de Justicia.

En abril, el departamento que dirige Juan Carlos Campo emitió dos órdenes obligando a los Registros Civiles a informar a diario sobre el número de defunciones, licencias de enterramiento y lugar de defunción, “especificando la localidad y si la defunción -se señala- se ha producido en un hospital, residencia o vivienda habitual”.

La directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, dictó una primera instrucción el 4 de abril obligando a Registros Civiles y Juzgados de Paz a enviar la información a un email del Ministerio que quedó colapsado en pocas horas.

En la instrucción, Sofía Puente, además, ordenaba a los funcionarios que rellenaran los datos y enviaran el mail “una vez finalizada su jornada laboral”, lo que originó las protestas de los trabajadores de los registros, que desde hace semanas están con menos efectivos y desbordados por la carga de trabajo.

La instrucción del 4 de abril, hace más de un mes.

Los secretarios judiciales consultados por ESdiario denuncian la “ocurrencia” de la directora general: “¿En qué mundo vive con el caos que hay?”.

Sofía Puente rectificó y una semana después, el sábado 11 de abril, emitió una circular para dar cumplimiento a su instrucción del 4 de abril. En ella reitera que los Registros Civiles “deben comunicar diariamente a la Dirección General (…) el número de licencias de enterramiento, de fallecimientos en hospital, de fallecimientos en domicilio y de fallecimientos en residencias de ancianos”.

La circular enviada una semana después. Abajo especifica "número de fallecimientos en residencias de ancianos".

Para ello, creó un formulario online que ha de cumplimentarse desde cada Registro Civil, cada día, antes de las 11 de la mañana. Los formularios llegan directamente a la base de datos del Ministerio de Justicia con la información sobre fallecidos en residencias. Se pidieron las cifras desde el 14 de marzo.

Los Registros Civiles que envían esta información online cubren -reconocen fuentes del Ministerio de Justicia- “el 92% de la población”, con lo que sus resultados son realmente significativos para conocer cuántas personas han muerto estos meses en residencias de ancianos, aunque no se especifique la causa.

Justicia argumenta que son datos parciales

Un portavoz del Ministerio señala a este periódico que “no hay intención de ocultar” esos datos y asegura que no se han compartido con Moncloa. Afirma que “son parciales todavía” por falta de personal en los Registros y que, por ello, “no tiene sentido” darlos públicamente. Según la misma fuente, publicarlos dejando claro a los ciudadanos que son parciales “originaría confusión”.

Pero lo cierto es que el formulario enviado por la directora general, Sofía Puente, va más allá de la información que puede obtenerse por la aplicación oficial INFOREG de los Registros al preguntar, específicamente, en detalle por las muertes en hospitales, domicilios y residencias.

El Gobierno, por tanto, no necesita a las comunidades autónomas para saber el número de fallecidos en centros sociosanitarios, como alegan el vicepresidente Pablo Iglesias y el ministro Salvador Illa. Tiene los datos directos y diarios de la fuente más fiable que hay: los Registros Civiles.

Sofía Puente, hermana del alcalde socialista de Valladolid, Óscar Puente

Además, los datos de esos formularios online están, políticamente, en manos seguras para el Gobierno. La directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, la fiscal Sofía Puente, es hermana del alcalde socialista de Valladolid, Óscar Puente, portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE.

Sofía Puente es miembro de la Unión Progresista de Fiscales. Ya estuvo en el Ministerio de Justicia con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como directora del Centro de Estudios Jurídicos entre 2010 y 2012. Fue vocal del Consejo Fiscal entre 2014 y 2018 y azote, desde allí, del fallecido Fiscal General, José Manuel Maza, y del exministro de Justicia del PP Rafael Catalá.