Camps, el político más linchado de España con menos condenas en su contra

Seguramente no hay un político en España como Francisco Camps que haya sido relacionado tantas veces con la corrupción en los medios de comunicación y, sin embargo, nunca haya tenido una condena personal en un tribunal, que es quien en un Estado de Derecho digno del tal nombre dicta las sentencias.

Pero la del expresidente valenciano parecía fallada de antemano, al margen de cualquier designio judicial y con una duración y extensión en le tiempo infinitas: más que juzgarle a él, se juzgaba toda una época, a todo un partido en Valencia y, por extensión, al conjunto del PP en España. Era, y es, una especie de linchamiento personal a quien un día fue icono del éxito electoral y, además, una causa general contra todo su partido.

El recordado caso de Rita Barberá, señalada como epítome de la corrupción y fallecida sin que nadie pudiera demostrar nada más allá de un préstamo de mil euros a su formación, resume junto a Camps la persecución sufrida por un grupo de dirigentes en cuya caída iba implícito el derrocamiento de una poderosa fuerza política en Valencia que a su vez impulsaba al PP en toda España.

La corrupción de altos cargos de Valencia no es una invención; pero la Inquisición allí montada tampoco.

Señalar esto es perfectamente compatible con denunciar, desde la repugnancia, los más que probables casos de corrupción existentes en una Comunidad que un día fue señera de lo mejor y hoy lo es, mirando al pasado, también de lo peor: los Fabra, Costa, Bigotes y Correa no son una invención, sus andanzas y tejemenajes tampoco, y la necesidad de llegar hasta el final de sus posibles excesos y el coste para los ciudadanos es innegociable.

Pero algunos no parecen contentarse con eso, ni siquiera con haberles derribado de las instituciones valencianas con los votos de los electores, y aspiran a una especie de muerte civil colectiva con la que ondear una supuesta bandera de regeneración que nunca es tal si amplía la acción razonable del Código Penal hasta los límites más propios de una Inquisición.

Justicia y linchamiento

A todo eso intentó responder Camps en una esperada comparecencia en la Comisión de Investigación de la financiación del PP que se instruye en el Congreso, más consagrada a mantener la tensión política entre rivales electorales que a esclarecer una verdad en cuya búsqueda ya trabajan, felizmente, jueces y Cuerpos de Seguridad.

No ver la corrupción es un pecado que Camps pagó en las urnas. Pero no le convierte en un ladrón ni justifica el linchamiento a todo un partido

Y frente al bochornoso espectáculo que dieron otros testigos lamentables como El Bigotes o el exnúmero 2 del PP valenciano, Ricardo Costa; apareció un Camps sereno, combativo y dispuesto a defender su honra y su legado. No pareció, desde luego, el relato de un corrupto, sino el de un perseguido cuyo gran error -no baladí- fue no ser capaz de detectar las tropelías que se cometían a su alrededor y en su nombre.

Eso es, en política, un gran pecado. Pero se juzga en las urnas y los valencianos ya lo han juzgado permitiendo un Gobierno en coalición del PSOE de Ximo Puig y de Mónica Oltra con Compromís. Cuando ni las urnas ni los juzgados son suficientes para dirimir disputas políticas y conflictos penales, se establece un inquietante régimen de opinión pública que al calor de una supuesta búsqueda de la higiene y la justicia, actúa en realidad con el espíritu de un Auto de Fe.

El doble rasero

Y si sería lamentable mirar para otro lado ante la evidente corrupción que rodeó a Camps, también lo es tolerar que en ese viaje se incluya el descuartizamiento personal sin respeto alguno por los procedimientos y las garantías. Especialmente cuando en tantos otros casos, como los ERES en Andalucía o Catalunya Caixa y los Pujol en Cataluña, la presión y la tensión nunca son las mismas. Quizá eso demuestre por que Camps, al margen de todo, era un objetivo político referente: derribarle a él a cualquier precio equivalía a hacerle un daño tremendo al PP. Y lo han logrado.