19 de septiembre de 2020
DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT

El escándalo de menores prostituidas en Baleares arrastra al exjuez de Podemos

Armengol junto a Yllanes (a la derecha) y el líder de Més.

Armengol junto a Yllanes (a la derecha) y el líder de Més.

Juan Pedro Yllanes, hoy vicepresidente del Ejecutivo de coalición que preside Francina Armengol, ha pasado de combatir los abusos a menores en los juzgados a quedarse mudo.

Con el centro derecha enredado en el debate sobre el pin parental, el Gobierno de Baleares está aprovechando para esconder bajo la alfombra un escándalo de prostitución de menores en centros de protección y tutela públicos que ha alcanzado dimensiones nauseabundas. 

Con el paso de los días se ha ido conociendo que el Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) estaba al tanto de las múltiples denuncias presentadas por trabajadores sociales y que las autoridades incluso ocultaron el despido de cinco empleados de esos centros en los últimos años por conductas inapropiadas. Previa condena judicial.

El IMAS, dependiente del Consell Insular de Mallorca (administración local), ha reconocido 16 casos de niñas que estaban siendo prostituidas, pero los expertos aseguran que ha habido y hay muchas más. Se escapan para irse con hombres que pagan por sexo o que las compran con regalos o droga. A veces incluso son captadas por sus compañeras más veteranas. 

La Fiscalía de Baleares ha abierto una investigación de oficio y el Defensor del Pueblo también ha decidido tomar cartas en el asunto; entre denuncias de los trabajadores sociales y de asociaciones como la Red de Ayuda a Niños Abusados por la "insuficiente" respuesta de las administraciones. 

Éstas se pasan la patata caliente. El Gobierno de coalición que preside la socialista Francina Armengol (con Podemos y los nacionalistas de Més) se escuda en que no tiene competencias porque esas menores están bajo la tutela del Consell, pero a la oposición no le vale el argumento. 

Llama especialmente la atención la actitud del vicepresidente, el podemita Juan Pedro Yllanes, que no ha dicho una sola palabra al respecto. En su caso en su silencio especialmente elocuente, puesto que Yllanes, hoy en excedencia, fue juez de la Audiencia de Palma de Mallorca y desde allí impuso varias condenas severas por abuso de menores. 

El caso más sonado fue el que protagonizó el exconcejal de Urbanismo de Palma Javier Rodrigo de Santos, a quien Yllanes condenó a 13 años y seis meses de cárcel (aunque luego él recurrió y la pena fue menos) por abusar de tres hermanos, dos de ellos menores de 14 y 16 años y otro de 18.

El hoy vicepresidente balear también formó parte del tribunal que en 2011 condenó a 15 años de prisión al presidente de la Asociación Cultural Temps D'Oci por seis delitos de abusos sexuales, cinco de ellos continuados, contra cinco niñas. Aquel caso también tuvo gran repercusión en Palma.  

Y otro juicio que llevó Yllanes fue el de un padrastro condenado a 18 años de cárcel por abusar reiteradamente de su hijastra desde los siete años, sometiéndola bajo coacciones.

Tanto el PP como Ciudadanos acusan al Ejecutivo balear de "oscurantismo" y han iniciado una ofensiva política para que responda, que incluye la petición de una comparecencia urgente en el Parlamento regional por parte de la consejera de Asuntos Sociales, Fina Santiago. Si no va, Cs pedirá la apertura de una comisión de investigación. 

Y mientras, la presidenta balear, la socialista Francina Armengol, se paseaba este miércoles por la feria de turismo Fitur en Madrid, poniendo kilómetros de por medio con la polémica. 

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