El presidente del Puerto de Alicante justifica los depósitos de combustible

El presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, Juan Antonio Gisbert, ha recalcado que el Puerto ha hecho "lo que tenía que hacer" en relación a la autorización para la modificación de una concesión que permite instalar depósitos de combustible, aunque ha precisado que el Puerto no ha autorizado su instalación porque "no tiene competencias".

"Lo que ha hecho el Puerto ha sido tramitar una modificación sustancial de una concesión donde desde cuando se creó se aprobó un plan especial del Puerto por parte del Ayuntamiento y de la Generalitat, hace 13 años, donde se aprobó un plan especial que preveía que ahí se podían establecer depósitos", ha relatado.

Gisbert se ha referido así a las alegaciones y recursos presentados por entidades y particulares contra el proyecto para la ubicación de hasta seis depósitos con capacidad para 94.386 toneladas en el muelle 19.

Al respecto, el presidente de la Autoridad Portuaria ha explicado que el Ayuntamiento de Alicante ha tramitado durante cinco años el plan especial y que no ha "dado carpetazo en ningún momento". "Un concejal muy beligerante con este tema lo ha tenido encima de su mesa tres años y no lo ha archivado", ha sostenido y ha defendido que el Puerto se ha limitado a cumplir la ley "porque son actos reglados".

"Hemos atendido las alegaciones y las hemos descartado porque hacen referencia a competencias de otras administraciones", ha seguido y ha añadido que el Puerto no es competente para determinar sobre la seguridad de los depósitos de combustible: "Eso es competencia municipal, y como eso mil cosas".

Así las cosas, Juan Antonio Gisbert ha dicho desconocer "cómo está el trabajo de los demás: para nosotros el tema está finalizado".

Gisbert ha atendido a los medios en el transcurso de una visita al Puerto del presidente de Puertos de la Estado, Salvador de la Encina, que ha precisado, al respecto de la polémica, que en este tipo de procedimientos se debe ajustar a la Ley de Puertos.

"Aquellas reivindicaciones legítimas tienen que ir a la autoridad competente; esto no es echar balones fuera, es que es así el procedimiento reglado", ha comentado y ha incidido en que la viabilidad del proyecto dependerá de que el Ayuntamiento "dé el paso siguiente y les conceda la licencia y de la obra".

De la Encina ha alegado: "Hemos cumplido con lo que marca la ley y no podemos prevaricar, otros si lo quieren hacer para situarse de cara a quienes están en contra del proyecto que lo hagan".

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