21 de mayo de 2019
DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT

Sánchez allana el camino a futuros indultos rechazando que hubiera rebelión

Sánchez, con el ministro Ábalos, esta semana en el Congreso

Sánchez, con el ministro Ábalos, esta semana en el Congreso

El presidente que pedía endurecer el delito de rebelión da órdenes de que el Estado se olvide para facilitar indultos y pactar con Podemos y ERC en Moncloa y la Generalitat.

Antes de llegar a La Moncloa, Pedro Sánchez veía "clarísimo" el delito de rebelión y pedía incluso un endurecimiento del mismo en el Código Penal para que  no hubiera dudas al respecto. Ahora, ya en el Gobierno por los votos del independentismo, ha dado instrucciones a la Abogacía del Estado de que renuncie a esa acusación y reduzca de grado los tipos penales que pesan sobre Oriol Junqueras y otros 17 encausados por el procés.

Es una medida más simbólica que eficaz, pues si la Fiscalía y la acusación particular de Vox mantienen una acusación que también incluyó el juez Pablo Llarena en su auto final, tal y como se da por seguro, difícilmente el Tribunal Supremo dejará de juzgar al líder de ERC y el resto de cabecillas por rebelión.

 

 

Pero prepara el camino para algo que el propio Sánchez no desmintió en sede parlamentaria a preguntas de Albert Rivera: indultar a los responsables del Golpe cuando las condenas sean firmes. El cambio radical de la nueva Abogada del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia y por tanto del Gobierno, es el gesto reclamado por Junqueras que puede desbloquear el apoyo de ERC a los presupuestos, al corto plazo, y poner en marcha la exoneración final vía indulto, una prerrogativa de La Moncloa, que no puede doblar el brazo al Supremo pero si anular posteriormente su fallo concediendo indultos.

Sánchez defendió la tesis de la rebelión hasta ser investido con los votos independentistas. Ahora da el primer paso a un indulto

Con un efecto político, dentro del propio independentismo, de enorme calado que asentaría un pacto similar en Madrid y Barcelona: Junqueras saldría de prisión como un héroe para los suyos tras haber soportado todo el proceso sin moverse de España, mientras que el fugado Puigdemont no tendría tan sencillo el retorno ni le beneficiaría, en principio, ese eventual indulto.

El pacto entre PSOE, Podemos y ERC, tanto en La Moncloa cuanto en la Generalitat, sería así más sencillo y duradero y dejaría fuera al PdeCat o en una situación de subordinación al resto de impulsores de un acuerdo con efectos políticos de enorme relevancia para España. Son especulaciones, sí, pero Podemos no esconde ya que busca esa alianza y la decisión de Sánchez de renunciar a la rebelión apunta en idéntica dirección.

 

De momento, la Abogacía del Estado pedirá finalmente condenas para los líderes del 'procés' independentista en Cataluña por delitos de secesión y malversación de caudales públicos, descartando el de rebelión, que conlleva penas de cárcel mucho más graves. Hasta ahora, con la llegada de Sánchez al Gobierno, siempre había refrendado la calificación penal de la Fiscalía.

Contra el criterio del juez Llarena

Así, las condenas que pedirán finalmente los Servicios Jurídicos del Estado para el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y los otros 17 procesados suman un mínimo de 14 años de prisión, según han adelantado varios medios de comunicación.

De este modo, el departamento dependiente del Ministerio de Justicia renuncia al delito más grave por el que el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena procesó, entre otros, a los miembros del exGovern de Carles Puigdemot y a la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, que es el de rebelión.

 

 

Desde hace varias semanas se venía especulando con esta posibilidad, ya que varios miembros del Gobierno de Pedro Sánchez expresaron públicamente sus dudas de que pueda considerarse rebelión lo ocurrido en los meses de septiembre y octubre del pasado año en Cataluña, al entender que no se usó la violencia que exige el tipo.

Penas menores

Finalmente, se ha optado por la sedición que castiga a quienes " se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales".

 

El Código Penal castiga a los autores de este delito con prisión de ocho a diez años, y con la de diez a quince años, si fueran personas constituidas en autoridad. En ambos casos se impondría además, la inhabilitación absoluta por el mismo tiempo.

De este modo, la Abogacía se desmarca de la adhesión que durante toda la instrucción de la causa ha manifestado respecto de la Fiscalía, cuyo escrito se dará a conocer este viernes y que prevé reclamar penas agravadas para los líderes del 'procés. En el caso del exvicepresidente Oriol Junqueras podrían superar los 20 años de cárcel por el delito de rebelión, según fuentes fiscales.

En todo caso, se prevé pedir penas diferentes según el grado de responsabilidad en lo ocurrido y no se descarta que algunos de los procesados por el magistrado Pablo Llarena quede fuera del escrito del fiscal.

 

 

En la causa contra el Major de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, la intendente Teresa Laplana y los exjefes políticos de la policía autonómica Pere Soler y César Puig, el escrito de la Fiscalía de la Audiencia Nacional que también se conocerá este viernes revelará si se les pide penas por los delitos por los que fueron procesados -sedición y organización criminal- o esta petición se agrava también hasta la rebelión.

Si la Fiscalía y Vox mantienen la acusación, y lo harán, serán juzgados por rebelión: pero el gesto avala un pacto posterior

Por lo que se refiere a la causa del Supremo, el texto que ultiman los fiscales Fidel Cadena, Jaime Moreno, Consuelo Madrigal y Javier Zaragoza apuesta por calificar lo ocurrido como rebelión, al entender que los hechos encajan en esta previsión del Código Penal al existir la violencia que exige el tipo, han señalado fuentes del Ministerio Público.

La violencia existió

Esta violencia la ve claramente la acusación pública tanto en la concentración ante la Consejería de Economía del 20 de septiembre de 2017 como en los hechos del 1-O, señalan fuentes del Ministerio Público.

La aplicación de estas penas más altas obedece, según esta valoración de la Fiscalía, a la integración del delito de malversación de caudales públicos en el principal de rebelión, lo que obliga a aplicar las penas agravadas. No obstante, la petición de cárcel para los líderes separatistas podrán verse finalmente rebajada una vez se celebre el juicio, en el turno de conclusiones definitivas, según señalan las mismas fuentes.

 

 

Casado señala a Sánchez

El presidente del PP, Pablo Casado, ha lamentado volver a ver cómo el Gobierno central "en vez de apoyar al poder judicial ponga en duda su labor".

"Que en vez de dejar muy claro, como ha dicho la Fiscalía, de que hay criterios objetivos de que esos políticos independentistas pudieron incurrir el pasado año en el delito de rebelión, lance un mensaje de que la Abogacía del Estado no va a pedirlo o que no está de acuerdo con la instrucción del Supremo", ha criticado.

Tanto Casado como Rivera ven claro que Sánchez se está pagando el alquiler de la Moncloa con esas decisiones en favor de Junqueras y el resto

En un acto en Huelva, Casado ha remarcado que la situación es "gravísima" porque si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo hace por "mandatos de sus socios independentistas", en su opinión, "no está legitimado para seguir en la presidencia".

"Si en España se manda desde unos barrotes de una cárcel o quien se plantea la política presupuestaria es Podemos o quien te dice lo que tiene que hacer la justicia son los independentistas, uno no está legitimado para seguir en la presidencia", ha apuntado.

Por ello, le ha pedido a Sánchez que se ponga "del lado de la ley, de la Constitución, de los que defienden que se penalicen los ultrajes, la labor del Supremo, frente a los que dieron un golpe de Estado". "Si no, queda muy claro que Sánchez necesita sus votos para permanecer en la Moncloa", ha precisado.

En estas circunstancias, Casado ha remarcado que Sánchez estaría "deslegitimado para defender a este país, que sus socios quieren destruir" y ha trasladado este mensaje a aquellos partidos que puedan ser "útiles para que Pedro Sánchez siga en la Moncloa".

 

 

Rivera acusa al presidente

Tras la decisión de la Abogacía del Estado de descartar delito de rebelión contra los responsables del referéndum del 1-O, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha acusado igualmente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "utilizar" el poder Ejecutivo y de dar "impunidad" a los líderes del 'procés' "a cambio de apoyo".

"En 48h Sánchez confirma lo que muchos españoles nos temíamos", advierte en un mensaje publicado en su cuenta personal de Twitter en el que señala, además, que "está utilizando el poder ejecutivo para beneficiar a los que dieron un golpe contra nuestra democracia y lo hará para indultarles si les condenan los tribunales".

 

"Impunidad a cambio de apoyo: Inmoral", lamenta el líder de la formación naranja que cierra su tuit con el hastag "#EleccionesYa", pidiendo una vez más al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que convoque elecciones generales. También el diputado de Cs, Toni Cantó, se refería a esta noticia afirmando, en la misma línea, que "aquí está el pago a los golpistas que auparon a Sánchez a la Moncloa".

Vox planta cara

Finalmente Santiago Abascal, el presidente de Vox, partido que sostiene la acusación popular en este asunto, arremetió con dureza contra el Gobierno en un durísimo mensaje en las redes sociales: "Aquí la prueba de que los perpetradores del golpe separatista han cambiado de residencia: del Palacio de la Generalidad al Palacio de la Moncloa. No vamos a permitir la impunidad de los golpistas. La acusación popular de VOX representará la ley y la voluntad de los españoles".

A última hora de la tarde del jueves se conocía que la Abogacía del Estado pedirá finalmente condenas para los líderes del 'procés' independentista en Cataluña por delitos de secesión y malversación de caudales públicos, descartando el de rebelión, que conlleva penas de cárcel mucho más graves.

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