| 24 de Marzo de 2024 Director Antonio Martín Beaumont

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El presidente de la Generalitat, Carles Puidemont. A su izquierda el eurodiputado Ramón Tremosa.
El presidente de la Generalitat, Carles Puidemont. A su izquierda el eurodiputado Ramón Tremosa.

Un eurodiputado deja al independentismo en ridículo ante toda Europa y por email

Menuda forma de calentar motores para el acto que el lunes celebrará en Madrid Carles Puigdemont, por cortesía de Carmena. Está visto que lo de las labores diplomáticas no es lo suyo.

| Javier Ruiz de Vergara España

Según se acerca la fecha del acto convocado en Madrid el próximo lunes por el presidente catalán, Carles Puigdemont, para presentar en sociedad el proceso que pretende derivar en una consulta soberanista en septiembre, la polémica no deja de crecer, alimentada además por la complicidad de Podemos y Ahora Madrid. Todo tras la decisión de Manuela Carmena de facilitar la sede del Ayuntamiento de la capital para este nuevo desafío de los soberanistas.

De momento, el PP anunció este jueves que no sólo va a plantar a Puigdemont en su puesta de largo en la capital, sino que ha decidido programar un acto este mismo viernes en defensa de la Constitución. Esta convocatoria, impulsada por los populares madrileños, va a celebrarse en la Galería de Cristal del Consistorio y contará con la presencia de la vicesecretaria de Estudios y Programas del partido, Andrea Levy, y de la diputada y expresidenta de PP de Cataluña Alicia Sánchez Camacho.

Puigdemont lanzó este martes a su eurodiputado para hacer ruido en Europa y se llevó una lección que no esperaba

El acto de desagravio se produce después de que el PP y Junts Pel Sí tuvieran este jueves una nueva enganchada en el Parlamento catalán cuando la diputada popular Esperanza García acusó al vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, de una "posible prevaricación" por la compra de urnas y papeletas para celebrar un referéndum de independencia.

La diputada del PP reprochó al Govern que despilfarre en "fiestas independentistas continuas", y lamentó que la Generalitat se gastara más de 100.000 euros -entre la promoción en sí y el coste del viaje- para que Puigdemont defendiera el referéndum en Bruselas, lo que sale a 255 euros por asistente al acto, según sus cálculos.

Esta nueva ofensiva de los soberanistas con su cita para este próximo lunes en Madrid ha provocado además una nueva polémica en Bruselas con un otro ridículo del PDeCAT. Y todo después de que el pasado día 10, el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, recibiera con todos los honores al lendakari, Iñigo Urkullu, tras haber dado sucesivos portazos a Puigdemont.

Pues bien, según ha sabido ESdiario, el eurodiputado del PDeCAT Ramón Tremosa remitió el martes un email a todos los europarlamentarios y a los funcionarios de la UE en el que llegaba a afirmar que ese mismo día "el prosecutor (fiscal general) del Estado ha abierto una causa contra la ministra catalana Meritxell Borrás por la compra de urnas, abriendo el camino para que un tribunal actúe contra ella". Borrás es la consejera de Gobernación.

Un nuevo ridículo europeo: un email de ida y vuelta

"Iniciar un proceso judicial -proseguía el email de Tremosa- contra políticos democráticos por comprar urnas constituye un caso único y escandaloso que la Unión Europea no debería tolerar".

Pero los soberanistas han vuelto a cosechar un nuevo ridículo en la capital comunitaria. Esta vez a manos del eurodiputado español Enrique Calvet, ex de UPyD y alineado ahora en el grupo liberal ALDE.

Calvet remitió de inmediato otro correo electrónico a los mismos destinatarios con un demoledor argumentario que dejó a Tremosa convertido en objeto de todo tipo de comentarios e ironías, poco favorables, de sus compañeros de la Cámara europea, según ha sabido este diario.

"Preparar un golpe de Estado no tiene nada que ver con la Democracia, no el comprar urnas. Al contrario. Y eso es lo que exactamente están haciendo las instituciones regionales de los españoles en Cataluña. Estoy de acuerdo con usted en que el Estado de Derecho debe ser garantizado en España, comenzando con las instituciones regionales que lo vulneran. Saludos", sentenció Calvet.