19 de enero de 2021
DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT

La Ley Celaá moviliza a España como no lo ha hecho ni la pandemia

La cacicada de la LOMLOE provoca una multitudinaria respuesta de la gente normal, sin banderas políticas, que abre una vía contra el Gobierno de profundas consecuencias.

 

Lo que no ha logrado ni la nefasta gestión de la pandemia, puede conseguirlo la Ley Celaá: catalizar la enorme indignación de una parte muy relevante de la sociedad española contra el Gobierno que más fracasa en sus tareas elementales y, a la vez, más impone medidas coercitivas en materia de libertades individuales y colectivas.

Frente a otras protestas estigmatizadas y ridiculizadas como las de los "cayetanos", a los que se adjudicaba una filiación inexistente a VOX; la réplica a la LOMLOE no puede ser señalada de manera tan burda: no hay ningún partido detrás y los afectados son millones de personas de todas las edades, condición y procedencia que se siente invadidas en su espacio más íntimo.

Porque eso es la ley de Sánchez, la octava de la democracia: una imposición unilateral y antisocial de un modelo liberticida que ataca a la escuela concertada, denigra la educación especial, consagra la pereza y excluye al español de las aulas allá donde la lengua se utiliza como herramienta de confrontación con España.

 

El 25% de los alumnos españoles acude a un modelo educativo que no solo es complementario con el netamente público, sino que libera al Estado de soportar más de 3.000 millones de euros anuales y permite que el sistema disponga, por tanto, de más recursos para el conjunto de la sociedad. Entre otras cosas, porque a la disminución del coste de esos estudiantes para el erario, se le añade el pago de impuestos de sus padres para mantener el Estado de Bienestar.

La Ley Celaá nace del mismo impulso censor que tantas otras de un Gobierno que quiere imponer un canon ideológico único

No existe razón económica, pedagógica ni social que explique el ataque a la concertada, creada en su día por el PSOE y utilizada por buena parte de los actuales gobernantes, incluido el propio Pedro Sánchez. La única explicación es ideológica, pues, y nace del mismo impulso que otras propuestas sectarias de un Gobierno incapaz de atender los verdaderos problemas de España pero dispuesto a desviar la atención siempre excavando trincheras inaceptables.

Porque la Ley Celaá surge del mismo ánimo censor que el asalto al Poder Judicial, los pactos con Bildu, el Ministerio de la Verdad, la memoria histórica de parte, la eutanasia, la sexualidad y tantas otras medidas destinadas a imponer un canon ideológico desde el maniqueísmo y la confrontación.

La masiva y sincera reacción de los afectados, que incluye a miles de trabajadores también, puede encauzar y simbolizar tantas otras que no han prosperado por las circunstancias especiales del país. Y derribar el muro que, entre confinamientos y restricciones, ha levantado el Gobierno para tapar una evidencia: la media España a la que desprecia está cansada. Y empieza a demostrarlo.

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