Ferraz tiembla: buscan la manera de que pague los 680 millones de los EREs

El pasado martes fue, quizás, el segundo peor día en la historia del PSOE tras la entrada en prisión, hace ya más de 20 años, del exministro del Interior, José Barrionuevo, y el ex secretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera, ambos condenados por el secuestro de Segundo Marey, una de las acciones reivindicadas por los GAL.

La Audiencia Provincial de Sevilla, que se había guardado la sentencia por el caso de los EREs hasta después de las elecciones, dio a conocer el fallo, que condena a 2 expresidentes del PSOE, José Antonio Griñán y Manuel Chaves: al primero, 6 años de cárcel; al segundo, 9 de inhabilitación.

La sentencia ha dejado claro, pese a lo que digan en Ferraz y repliquen sus satélites mediáticos, que el PSOE montó en Andalucía una estructura clientelar que permitió robar a los andaluces -y en suma, a todos los españoles- casi 700 millones de euros que fueron, en la mayoría de los casos, a pagar prejubilaciones indebidas -compra de votos, lo llaman- y, en otros, para el enriquecimiento ilícito de algunos de sus responsables, que también gastaron este dinero público destinado a los parados, en comilonas y clubes de alterne.

El PP obligará a un escondido Sánchez a comparecer en el Congreso por los EREs

La reacción oficial del PSOE ha sido la de escurrir el bulto y ha puesto en el ojo del huracán a Pedro Sánchez, un político que acusó a Mariano Rajoy de no ser "decente" y que después llegó a La Moncloa en 2018 a lomos de una moción de censura asentada en una sentencia de la caja B del PP cuanto menos controvertida.

No en vano, el juez José Ricardo de Prada incluyó en el fallo valoraciones que, según determinó la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el mes pasado y reveló El Mundo, "destruyen la necesaria apariencia de imparcialidad que debe reunir todo miembro de un tribunal de Justicia".

Propuesta de Ciudadanos

Ahora, el PSOE tendrá que retratarse de nuevo al respecto, en el propio Parlamento Andaluz. Lo hará a la fuerza, obligado por Ciudadanos, que cogobierna la Junta junto con el Partido Popular.

El portavoz naranja en la cámara andaluz, Sergio Romero, ha anunciado que este lunes su formación registrará en el órgano legislativo autonómico una Proposición no de Ley (PNL) para que se establezca la responsabilidad civil subsidiaria de los partidos políticos en caso de sentencias judiciales por corrupción política, medida que ha calificado "de justicia social y de justicia moral" y que "responde al clamor de la sociedad del siglo XXI".

En rueda de prensa en Jerez de la Frontera (Cádiz), Romero, que ha señalado que "Ciudadanos está tan indignado como cualquier andaluz" ante la sentencia de los ERE y la imposibilidad de reclamar por vía penal los 680 millones de euros "que han robado a los andaluces", ha explicado que el objetivo de esta PNL es que "en caso de que el corrupto no pueda pagar, los partidos paguen el dinero que sus políticos hayan robado a los ciudadanos".

"Todos los ciudadanos somos honrados, honestos y trabajadores. Ninguna familia andaluza, ningún autónomo, ningún cirujano, ningún ama de casa, ni ningún desempleado, puede pagar el pato del dinero que se llevaron otros", ha subrayado el parlamentario andaluz.

Por este motivo, según Cs en un comunicado, Romero se ha mostrado esperanzado en que el resto de partidos políticos se sumen a esta iniciativa para que salga adelante "por unanimidad y podamos decirle al Gobierno que modifique todos los ámbitos legales para que, cuanto antes, los partidos paguen la corrupción de sus afiliados".

Susana, dimita

Romero ha insistido, además, en que la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, dimita "por honradez, por honestidad, por integridad y por decencia". En su opinión, "es insultante que se limite a pedir perdón" y "tiene que asumir responsabilidades porque es la secretaria del PSOE andaluz y, por tanto, también responsable moral de lo que su partido hizo con todos los andaluces".

El portavoz parlamentario de Cs ha manifestado que debe dimitir también porque "en 2016, como presidenta de la Junta, ella personalmente retiró la acusación particular de la Junta, usando a los letrados de la Junta, con lo que impidió reclamar responsabilidades penales a los condenados".

"Puso la mano en el fuego y ha sido la Justicia, no un partido político, la que ha encontrado delito hasta 61 años de cárcel y 252 de inhabilitación para cargos socialistas", ha concluido.