El plan de Sánchez para librar a los presos del delito de rebelión

El reloj del que va a ser, sin duda, el juicio más importante de la reciente historia de España está ya en marcha. Rechazando las maniobras dilatorias de las defensas -que reclamaban la práctica de nuevas pruebas-, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha decretado este jueves el inicio del juicio oral contra los procesados por el 1-0.

Los magistrados que deberán dictar una sentencia que se antoja decisiva para el futuro político de España han avalado la instrucción del juez Pablo Llarena y han decidido sentar ya en el banquillo a los 18 procesados por el procés, con Oriol Junqueras a la cabeza y con la estancia en rebeldía de Carles Puigdemont en su escondite belga de Warterloo.

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La decisión del Alto Tribunal abre ahora un plazo de cinco días que será decisivo para el futuro de Junqueras, los exconsejeros Jordi Turull, Josep Rull, Joaquín Forn, Raul Romeva, Carles Mundo, Dolors Bassa y Meritxell Batet, y los Jordis, Sánchez (ANC) y Cuixart (Òmnium). Y es que en este plazo, las tres acusaciones -Fiscalía, Abogacía del Estado y Vox, como acción popular- deben confirmar los delitos por los que acusan a los procesados.

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En esta calificación está el futuro del independentismo a largo plazo -con los recursos al Constitucional en el horizonte- y el del Gobierno de Pedro Sánchez, a corto, por su dependencia parlamentaria del PDeCAT y ERC. Y es esta segunda derivada la que está provocando en las últimas horas crecientes susceptibilidades y alertas. ¿Está dispuesta La Moncloa a patrocinar un golpe de timón al juicio del 1-O?

Según fuentes de la Fiscalía consultadas por ESdiario, el jefe del Ejecutivo conoció en septiembre por boca de su ministra de Justicia, Dolores Delgado, la firmeza inamovible de la posición de los fiscales del Supremo respecto a las acusaciones. Sin duda, rebelión, sedición y malversación de caudales públicos.

Lo pudo comprobar la nueva fiscal general, María José Segarra, en viva voz de sus cuatro subordinados en la causa reunidos con ella: Consuelo Madrigal -antecesora de Segarra en el cargo-, Javier Zaragoza, Fidel Cadena y Jaime Moreno. Todos ellos han cerrado filas "al cien por cien" con Llarena. Y Segarra ha blindado en estas últimas semanas a la Fiscalía de las brutales presiones del independentismo y de Podemos.

"La fiscal general sabe que tumbar a cinco días del juicio una posición sostenida por sus dos antecesores -en referencia al fallecido José Manuel Maza y a Julián Sánchez Melgar- sin pruebas que lo sustenten, sería el mayor escándalo en la historia de la Institución y del Poder Judicial", advierte un fiscal en ejercicio en declaraciones a este diario.

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, en junio, en la toma de posesión de la nueva abogada general del Estado, Consuelo Castro.

Pero alerta este fiscal a continuación: "Otra cosa es la Abogacía del Estado". Y es en este órgano que recibe ordenes directas del Ministerio de Justicia en el que están puestas las miradas de todos los juristas. Más aún, desde que en las últimas 24 horas tanto Pedro Sánchez como su vicepresidenta, Carmen Calvo, hayan comenzado a insinuar un posible cambio de criterio de los Servicios Jurídicos del Estado, que apunta a una rebaja de la acusación desde la rebelión a la mucho más liviana sedición.

Este mismo miércoles, en el Congreso, Sánchez recuperó un antiguo informe de 1994 suscrito por el exministro del PP Federico Trillo -ahora en el Consejo de Estado- en el que argumentaba tajante que solamente existe delito de rebelión cuando éste lo protagonicen "militares o civiles armados bajo las órdenes de militares". Un informe que en estas últimas horas está siendo rigurosamente analizado junto a otros elaborados ad hoc  por la abogada general del Estado, Consuelo Castro, nombrada en junio a propuesta de la ministra Delgado.

Si finalmente la Abogacía rebaja su acusación a la sedición, los independentistas habrán logrado su primera victoria. Habrán introducido su primer elemento de división ante el tribunal y allanado el camino a los futuros recursos al TC y a instancias europeas. Según los expertos consultados por ESdiario, apelaría en su escrito a las argumentaciones de la justicia belga y escocesa al negar la entrega de los exconsejeros Toni Comín y Clara Ponsatí, y a la resolución del tribunal alemán de Schleswig-Holstein.

Y Junqueras y los suyos tendrán el gesto que esperaban. Sobre sus cabezas planearán penas de entre 10 y 15 años de cárcel. Mucho más reducidas que las condenas de hasta 30 años que fija el Código Penal para el delito de rebelión. Y mucho más fácilmente indultables.

En algunos sectores judiciales se considera que la salida a la palestra de expresidente del Supremo y Constitucional, Pascual Sala, negando hace escasos días en la emisora catañana RAC1 la existencia del delito de rebelión el 1-O, no ha sido una casualidad, sino una maniobra para "allanar el camino" al Gobierno.

Y recuerdan que este magistrado estrechamente ligado al PSOE ya tumbó en su día desde el TC la ilegalización de Sortu -la marca heredera de Batasuna- decretada por el mismo Supremo que va a juzgar ahora a los líderes del golpe.