Suiza se traga hasta el fondo el numerito de perseguida política de Anna Gabriel

El juez Pablo Llarena ha dictado orden de detención nacional contra Anna Gabriel después de que este miércoles la exportavoz de la CUP no acudiera al Tribunal Supremo a declarar como imputada por su participación en el procés.

Sin embargo, por ahora ha decidido no activar la orden internacional, como le había pedido la Fiscalía. Los fiscales de Sala, Javier Zaragoza y Fidel Cadena, habían solicitado al magistrado que dictara auto de prisión contra la exdiputada y, una vez acordada, se procediera a cursar la orden de busca y captura internacional y su detención preventiva, a los efectos de cursar la posterior demanda de extradición a Suiza.

No obstante a este último respecto el país helvético ya ha adelantado que a priori no contempla la extradición de Gabriel, como informó ESdiario el lunes:

Ya sabemos por qué Anna Gabriel está segura de que Suiza jamás la extraditará

El portavoz de la Oficina Federal de Justicia suiza, Folco Galli, ha declarado al diario local Le Temps que no tiene intención de entregar a la cupera a la Justicia española por entender que es un "delito político"

"Se trata con toda probabilidad de un delito político. Según nuestro Código Penal y la Convención Europea de Derechos Humanos, una petición de extradición o cualquier forma de asistencia judicial no se puede acordar por ninguno de esos motivos", ha afirmado Galli.

El portavoz de la Oficina Federal de Justicia ha dicho que su departamento no ha recibido todavía ninguna comunicación de las autoridades españoles.

En el Código Penal suizo no existen, como tales, los delitos de sedición y rebelión, pero en su artículo 265 sí castiga los "delitos contra el Estado": intentar "cambiar mediante la violencia la Constitución" o "separar mediante la violencia parte del territorio". Sin embargo, parece que Suiza no contempla esa opción.