España no se puede someter ni a un chantajista ni a una lobista siniestra

El presidente del Gobierno se negó ayer a dar pábulo al intento de chantaje que, según el CNI, está detrás de la difusión de unas conversaciones privadas, con mucho morbo pero poca enjundia, en las que una siniestra lobista llamada Corinna relacionaba al Rey emérito con oscuras operaciones financieras de todo tipo.

Y aunque no aclaró cuál sería la postura final del PSOE, todo hace indicar que se negará a apoyar la comisión de investigación contra don Juan Carlos que quieren impulsar, con precipitación y un burdo interés político, Unidos Podemos y los partidos independentistas: otra postura que no fuera ésa, carecería de sentido y añadiría a los socialistas al listado de formaciones que aprovechan cualquier oportunidad para añadir inestabilidad a España.

Un chantaje

El origen de toda esta polémica tiene que ver con el manejo que el controvertido comisario Villarejo, hoy en prisión por delitos de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales, hace de información delicada, de origen dudoso y de credibilidad discutible; especialmente la relativa a esta amiga del anterior Rey cuyos testimonios han de ser necesariamente puestos en duda.

Una cosa es el juicio que merezcan las relaciones personales de don Juan Carlos y otra, bien distinta, es conformarse con las patrañas de una indeseable y los manejos de un chantajista para poner en solfa toda una carrera institucional de enorme valía y, aún más, la estabilidad de la Corona y con ella de la arquitectura constitucional de España.

Poner en solfa al Rey Juan Carlos, y con él a la estabilidad institucional de España, es lamentable y burdo

La figura del Rey retirado merece un respeto y un cuidado que, desde unos años antes de su abdicación incluso, no se ha tenido. Esto no equivale a ahorrarse críticas cuando las merezca, pero sí a guardar un respeto institucional y personal que no se le ha guardado, hasta el punto de querer someterle a una investigación parlamentaria y otra judicial impropias de una democracia que, con cualquier ciudadano pero especialmente con quien los representó a todos ellos, ha de velar por un procedimiento y unas garantías que incluyen la presunción de inocencia y son incompatibles con la acusación gratuita.

Un respeto

Don Juan Carlos ha rendido importantes servicios a España y el empeño en señalarle obedece a una estrategia política que le ve como el eslabón más débil de una cadena institucional que, por distintas razones, el populismo y el nacionalismo quieren romper. Impedírselo no sólo es una manera de proteger el legado del antiguo monarca, sino una manera inmejorable de sortear el riesgo de agudizar la crisis institucional que ya padece España. Frenar eso no es una opción, sino una obligación a la que PSOE, PP y Ciudadanos, cuando menos, deben asumir sin ambages.