| 06 de Abril de 2024 Director Benjamín López

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La Fiscalía avala las escuchas por el supuesto amaño de la basura en Orihuela

El ministerio fiscal ha defendido este miércoles las escuchas que originaron el caso Brugal en el juicio que se sigue por el supuesto amaño del contrato de basuras de Orihuela y por la que están acusados el empresario Ángel y los exalcaldes 'populares' de la ciudad, Mónica Lorente y José Manuel Medina, y ha defendido que la instrucción ha sido "escrupulosa, legal y garantista".

En la vista, que se ha reanudado en la Sección Séptima de la Audiencia de Alicante en Elche, Fiscalía ha contestado a las cuestiones previas planteadas por las defensas de los acusados en las que se pedía la nulidad de las conversaciones intervenidas.

Ante ello, el fiscal ha apuntado que no se puede partir de dudas sobre la tramitación de la investigación policial y de la instrucción judicial porque no se puede "partir de una presunción de irregularidades" sino que se debe presumir para las actuaciones judiciales "el principio de legalidad".

"La instrucción ha sido escrupulosa, legal y garantista", ha reiterado y ha ejemplificado que en otra de las ramas del caso Brugal, la relativa al Plan General de Ordenación Urbana de Alicante, se han rechazado "todas y cada una" de las resoluciones planteadas de la nulidad. "En ninguno de los procedimientos se ha visto una causa de nulidad", ha sostenido.

Asimismo, ha recordado que parte de la causa recayó en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en 2012, por el aforamiento de algunos de los acusados, "y sin que en ningún momento se suspendiera o apreciara la ilegalidad".

Sobre el procedimiento, el fiscal ha señalado que el empresario Angel Fenoll aportó cuatro grabaciones, que se incoaron actuaciones informativas y no interpuso una denuncia, hasta que se comprobó las transcripciones donde se hablaba de supuestas entregas de dinero y de paralizar el concurso para la adjudicación del servicio de recogida de basuras en Orihuela.

Y precisa que se interpuso la denuncia cuando Angel Fenoll aportó el ticket de una comida celebrada con otro de los encausados y ante la gravedad de los hechos; y que por todo ello, se justifica la necesidad de investigar y se pide la intervención telefónica.

"Es proporcionado y justificado porque no se denuncian hechos ya pasados; está en plena vigencia, el concurso estaba paralizado", ha afirmado el fiscal, y ha concretado que se pidieron otras actuaciones.

Ha recordado que el hecho de que un particular grabe una conversación con otra persona no es vulneración de derecho fundamental y ha precisado que un informe policial negó que tuvieran un contenido "radicalmente falso" y que no se aprecia modificación de los CD aportados ni de los cuatro audios en un DVD y en un USB.

Hermanos Gregori

Además, la Fiscalía ha sacado a colación la sentencia del pasado febrero, otra de las piezas del caso Brugal, en que se validaban las escuchas que dieron origen a la causa contra los hermanos Gregori, y "la traemos a colación porque sí acota y valora con toda garantía el secreto de las comunicaciones", ha sostenido.

En ese sentido, el fiscal ha explicado que "valida todas y cada una de las intervenciones de Rafael Gregori; valida el período lo prolongado de la instrucción" y que se habla de la "intensidad" y la "proporcionalidad" respecto a conductas "sospechadas" que permitían lo prolongado de las intervenciones, ha mantenido. Esa sentencia es "garantista, hipergarantista", ha recalcado el fiscal.

Mónica Lorente

El tribunal ha dispensado a la exalcaldesa Mónica Lorente, a estar presente este miércoles por la mañana por motivos personales, aunque le ha advertido de que debería estar presente en la sesión vespertina.

Esta causa es la primera de las piezas separadas del caso Brugal que será juzgada, y por la que Fiscalía solicita penas de 37 años para el empresario adjudicatario del servicio, Ángel Fenoll; 12 años para el exalcalde 'popular' José Manuel Media y ocho para la exprimera edil, también del Partido Popular, Mónica Lorente. Las declaraciones de los procesados no empezarán hasta el 7 de mayo.