C's declara la guerra a los lazos amarillos 'okupas' y empieza a quitarlos

Lo dice la ley: los espacios públicos no pueden estar invadidos por lazos o cruces amarillas, símbolos de la propaganda soberanista. Pero al nacionalismo no le importa y casi a diario ocupa plazas, playas e incluso edificios institucionales con ese recurso de victimismo que pretende convertir en mártires a los políticos presos por saltarse la ley.

Al menos hasta ahora, porque Ciudadanos ha decidido iniciar una campaña de retirada de esos objetos que, de momento, sólo se atrevían a retirar algunas personas a título personal, exponiéndose a posibles represalias.

Un ciudadano harto de cruces amarillas invade una plaza 'okupada' por ellas

El partido de Albert Rivera ha decidido ponerse al frente de la respuesta a esa invasión, y movilizará a cargos públicos y simpatizantes en una tarea que ya ha vivido su primer capítulo en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), esgrimiendo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que insta a garantizar la neutralidad de los espacios públicos.

Basta ya

"Los radicales inundan de propaganda separatista el espacio público que es de todos y el Gobierno de Sánchez no hace nada, ya basta. Retiraremos los símbolos ilegales de plazas, calles, instituciones y playas. Por una Cataluña de todos", ha explicado el líder naranja.

Rivera y Arrimadas, en un acto reciente

Cs ya ha iniciado la retirada de símbolos. Rivera denuncia que Sánchez mira hacia otro lado

"Defender la neutralidad política de los espacios públicos es la mejor garantía para reconstruir la convivencia rota por el separatismo durante el último año", ha asegurado también Joan García, diputado y secretario de Acción del partido, que ha anunciado más acciones de este tipo en otros municipios.

El TSJC

Con esta acción Cs quiere "defender lo que algunos quieren seguir rompiendo" y evitar que se vulnere la neutralidad de las administraciones locales. El TSJC ordenó la retirada de una bandera 'estelada' de la plaza Lluís Millet de Sant Cugat colgada por el consistorio porque supone "la privatización del espacio público", según la sentencia.

El tribunal catalán considera que "no cabe aceptar de ningún modo que la colocación de las banderas partidistas en edificios y lugares públicos constituya un acto de obligado cumplimiento que se impone a los alcaldes", aunque sea una decisión de un pleno municipal adoptada con el voto de concejales.