El varapalo judicial que genera una nueva polémica en la gestión fallera de Ribó

La sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional (AN) ha ratificado la infracción "muy grave" del Ayuntamiento de València al haber tratado datos especialmente protegidos, como el de la ideología y la religión, en una encuesta sobre las Fallas realizada entre el 18 de mayo y el 13 de junio de 2017. La sentencia de la AN va orientada a que esta encuesta no contaba con el consentimiento expreso y por escrito de los participantes. PP y Ciudadanos han pedido responsabilidades al alcalde, Joan Ribó.

La Audiencia, en su sentencia, contra la que cabe recurso ante el Tribunal Supremo, se posiciona al lado de la resolución dictada en el mismo sentido por parte de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Y, al mismo tiempo, el tribunal desestima el recurso interpuesto por el consistorio contra la resolución de la Agencia que consideraba que se había infringido lo dispuesto en el artículo 7.2 de la Ley Orgánica 151/1999, de 1 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Los hechos se remontan a la declaración de las Fallas como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. Tras ello, el Ayuntamiento de València impulsó y aprobó la realización de un Plan Estratégico de las Fallas con el objeto de analizar los distintos vectores de impacto que tiene la fiesta sobre su entorno y determinar las claves sobre este evento y su futuro.

Como parte de dicho plan estratégico, se establecía la realización de un estudio sociológico sobre el colectivo fallero mediante encuestas que el consistorio contrató con la empresa Invest Group Investigación de Mercados SL (Invest).

Respuesta sin consentimiento expreso

La sentencia recoge como probado que entre las preguntas figuraba una relativa a la identidad territorial en la que el entrevistado tenía que responder si: "personalmente se siente: solo valenciano; más valenciano que español; tan valenciano como español; mas español que valenciano; solo español; o ns/nc.

En otra de las cuestiones se preguntaba: "¿Cómo se define en materia religiosa?" y como posibles respuestas: "católico/a practicante; católico no practicante; creyente de otra religión; no creyente; ateo/a; o ns/nc".

La Sala, una vez examinados los argumentos de las partes, que son Ayuntamiento de Valencia y Abogacía del Estado, hace hincapié que la Ley de Protección de Datos exige un consentimiento expreso y por escrito para el tratamiento de los datos de ideología y religión, reforzando así el consentimiento a prestar.

Sin casilla para consentir

En el caso concreto, los jueces señalan que "las comprobaciones realizadas por los servicios de inspección de la AEPD han acreditado que en las encuestas en que se recabaron datos personales de los encuestados no consta su consentimiento expreso mediante su firma, sin que tampoco figure en los formularios casilla alguna para que los encuestados pudieran manifestar su consentimiento expreso y por escrito".

El PP: revés a la gestión del alcalde

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de València, María José Catalá, ha señalado que la sentencia "demuestra que el gobierno del alcalde, Joan Ribó, quiso politizar el mundo fallero de la ciudad al preguntar por cuestiones religiosas e ideológicas" en este sondeo.

"Es un nuevo revés a la gestión en Cultura Festiva del gobierno de Ribó, que ya tuvo que apartar a su concejal Pere Fuset al ser procesado por la muerte de un trabajador en el montaje de los conciertos de la Feria de Julio", ha agregado Catalá en un comunicado.

Asimismo, la portavoz 'popular' ha avanzado que su grupo ha pedido conocer el coste que tendrá para las arcas municipales este recurso ante la Audiencia Nacional, una cantidad "a la que habrá que sumar las costas a las que condena a pagar" esta instancia judicial.

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