Abogados piden a la EUIPO que "no se falte al respeto de la profesión"

La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea en Alicante.

La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea en Alicante.

Despachos de abogados muestran su indignación y enfado ante el nuevo proyecto de la EUIPO que busca voluntarios (pro bono) que ofrezcan servicios jurídicos para las pymes gratis.

Ante la reciente iniciativa lanzada por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), 'Ideas Powered for Business', una plataforma digital con servicios dirigidos a pequeñas y medianas empresas (pymes) que busca ofrecer apoyo personalizado y  asesoramiento jurídico gratuito en materia de propiedad intelectual, fuentes jurídicas reclaman que los colegios de abogados de Elche y Alicante intervengan de oficio para evitar “esa falta de respeto a la profesión”.

La nueva iniciativa por parte de la EUIPO nace en respuesta a la crisis generada por el COVID-19 y dentro del marco de acciones de la UE para combatirla. Sin embargo, desde diversas fuentes del sector describen las medidas como “vergonzosas”, pues se pretende prestar un servicio totalmente gratuito en perjuicio de un sector que “también está atravesando dificultades” derivadas de la llegada de la COVID-19.

La gratuidad se aplicaría incluso en las actuaciones judiciales de los letrados, lo que no ocurre siquiera - apuntan las fuentes - en los servicios del turno de oficio. Además, desde el sector sostienen que su estatuto profesional no permite que ejerzan su trabajo de forma gratuita y lanzan una crítica a la EUIPO y apelan a una inmediata intervención de los Decanos de los colegios de abogados de Alicante y Elche.

Según el director ejecutivo de la EUIPO, Christian Archambeau, "para que Europa crezca y avance, las pymes tienen que crecer y avanzar también. Aunque no todas las pymes necesitan registrar sus derechos de propiedad intelectual, es importante que las que puedan beneficiarse de ellos reciban ayuda". Sin embargo, desde el sector de los abogados han criticado la intención de “pretender desde la posición de una administración pública europea, que tiene 300 millones de euros de superávit y cuyos funcionarios tienen salarios privilegiados,  que ese esfuerzo lo asuman los abogados a sabiendas de que esa profesión esta también pasando dificultades”.

Además, desde el sector sostienen que su estatuto profesional no permite que ejerzan su trabajo de forma gratuita y lanzan una crítica a la EUIPO, pues no entienden porqué en este caso no se cumple.

Entre los servicios prestados por el nuevo proyecto se encuentran: mecanismos para la solución efectiva de litigios, asesoramiento, facilidades para el registro de marchas, dibujos o modelos y una amplia oferta de cursos online sobre la protección de la propiedad intelectual.

Las fuentes jurídicas quieren mostrar su indignación ante las medidas tomadas y piden que se busquen otros medios que "no vayan contra de los intereses de los profesionales " y que se tenga en cuenta que ellos, también, en muchos casos, son pequeños despachos de asesoramiento legal. "Se ayuda a unas pymes pero se empeora la situación de otras. No es una solución ni coherente ni adecuada", afirman.

 

 

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