Primer concejal del gobierno de Ribó que se sentará en el banquillo

El Juzgado de instrucción número 18 de Valencia ha acordado definitivamente la apertura de juicio oral al concejal de Cultura Festiva y portavoz de Compromís en el consistorio, Pere Sixte Fuset, por el accidente laboral en el montaje de las gradas para los conciertos de Viveros de julio 2017, en el que falleció el trabajador Vasile Sucala. Además, el juez ordena en el auto conocido hoy que el edil sea investigado por prevaricación administrativa. 

El  instructor impone a los acusados-además Fuset hay otros cinco investigados- una fianza conjunta de 450.000 euros con la finalidad de asegurar el pago de las indemnizaciones si hubiera una sentencia condenatoria.

La acusación particular, representada por la familia de Sucala, solicita una pena de cinco años de cárcel: tres por homicidio imprudente y dos por un delito contra los trabajadores. Sucala, de 47 años, estaba casado y con dos hijas.

El magistrado considera que la instalación de las gradas para un concierto en el parque de Viveros fue realizada por una tercera empresa que no había participado en el concurso por decisión del concejal Fuset. Por lo tanto, se hizo "al margen de cualquier procedimiento administrativo, lo que desencadena la instalación de las gradas sin la necesaria seguridad".

Pero aún hay más. En el auto el juez ordena que se inicien los trámites para investigar al concejal por un presunto delito de prevaricación. El Ayuntamiento de Valencia acordó con los promotores la cesión del parque público y la instalación del bar a cambio de que los segundos asumieran el coste de la instalación de las gradas. La Audiencia Provincial de Valencia ha señalado, al igual que el instructor, que se habría producido un presunto "trueque o compensación ilegítima" concedida por Fuset.

"Fue corrupción"

La portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento, María José Catalá, ha señalado que la apertura de juicio oral al  Fuset, por presuntamente cometer un delito por homicidio imprudente", aboca al gobierno de Joan Ribó y el PSPV a una situación insostenible, que deberá afrontar sin seguir negando la evidencia". 

La dirigente del PP ha insistido en que el alcalde Ribó "no puede seguir negando la mayor con respecto a Fuset y la presunta irregularidad e ilegalidad que pudo cometer". "Ribó no puede decir que no es corrupción, cuando lo cierto es que hubo una mala praxis administrativa, hubo una irregularidad, una ilegalidad, y, tristemente, un presunto homicidio imprudente que costó la vida de un trabajador".

Pese a la decisión del juzgado, el alcalde mantiene el apoyo a Fuset, mientras que los socialistas sostienen que la dimisión o no del concejal es un asunto que compete a los nacionalistas.

La líder de la oposición quiere saber quién va a pagar la fianza, "porque nos tememos que al igual que la estafa de la EMT la acabaran pagando los valencianos de sus bolsillos", concluyó Catalá.