16 de octubre de 2019
DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT

Bronca en el caso de los ERES por la "desimputación masiva" de cargos del PSOE

La juez de los ERE, María Núñez Bolaños.

La juez de los ERE, María Núñez Bolaños.

La magistrada Núñez Bolaños ha firmado dos polémicos autos que han hecho estallar a los fiscales Anticorrupción, que denuncian un "intolerable espacio de impunidad".

La errática actitud de la juez que instruye la macrocausa por los ERE fraudulentos de la Junta de Andalucía ha acabado por colmar la paciencia de la Fiscalía Anticorrupción, que está encontrando en la magistrada María Núñez Bolaños una disposición muy distinta de la de su antecesora en el Juzgado, Mercedes Alaya.

La última bronca entre la instructora y el Ministerio Público está relacionada con varias diligencias que, como informó ESdiario el 22 de febrero, la jueza guardaba en un cajón y que estaban a punto de prescribir.

Esas diligencias, que afectaban una decena de altos cargos del PSOE en los gobiernos de Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz, fueron descubiertas in extremis por la Fiscalía. Y Núñez Bolaños se vio obligada, también sobre la bocina, a abrir varias piezas separadas de la macrocausa que está siendo ahora juzgada.

Pero pese a la celeridad con la que los fiscales han actuado, la magistrada ha adoptado en las últimas horas una polémica decisión que ha supuesto un jarro de agua fría para la investigación y provocado el malestar de la cúpula de la Fiscalía Anticorrupción en Andalucía, que le había advertido de que las desimputaciones "masivas" de los altos cargos investigados podría provocar "un intolerable espacio de impunidad".

Pese a ello, la juez dictó este jueves dos autos en los que exonera al exdirector de Trabajo de la Junta, Juan Márquez, en una investigación sobre ayudas presuntamente fraudulentas concedidas a sociedades de los exconcejales del PSOE José Enrique Rosendo y José María Sayago.

En otro auto, tras solicitar su archivo el exviceconsejero de Empleo, Agustín Barberá; el exconsejero Antonio Fernández, y el exdirector general de la empresa pública IDEA, Jacinto Cañete, la juez Núñez Bolaños ha accedido a su petición y los deja fuera de su investigación.

El banquillo del juicio de los ERE que se celebra en Sevilla. Entre los procesados, Magdalena Álvarez, Chaves, Griñán y Zarrías.

 

Dichas resoluciones están firmadas por la juez pocos días después de que Anticorrupción empezara a pedir en todas las piezas que volviera a imputar a los acusados de la llamada pieza política, que Bolaños ha ido excluyendo de otras diligencias.

La Fiscalía argumenta que el tribunal que está juzgando actualmente a los expresidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán -y a una veintena de altos cargos de la Junta-, ha establecido que lo que intenta resolver este proceso es el sistema de concesión de las ayudas públicas. Pero no, la "intervención" particular que los acusados "pudieran haber tenido en la concesión y pago de las ayudas individuales".

Por ello los fiscales consideran que los procesos son distintos y que los altos cargos exonerados por la juez deberían ser juzgados porque sus delitos son distintos. De hecho, la Fiscalía ya ha recurrido ante la Audiencia de Sevilla otra polémica resolución de la juez Núñez Bolaños, la desimputación del exdirector general de Trabajo de la Junta, Daniel Alberto Ribera

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