Bravo sigue la estrategia de Compromís y arremete contra el Gobierno

La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha avisado hoy de lo que espera a la Comunidad Valenciana en lo que respecta a la tramitación de expedientes judiciales. Al retraso que ya arrastra en estos procedimientos se sumará "el atasco importantísimo" provocado por las 20.000 vistas suspendidas desde que se decretó el estado de alarma.

Bravo, al igual que Compromís ha empezado a hacer desde la semana pasada, ha arremetido contra el Ejecutivo nacional. La diferencia radica en que la consellera ha sido nombrada para su cargo por el Partido Socialista, el mismo que sustenta la mayoría de ministerios, entre ellos el de Justicia.

"Desde hace un mes que pido al Gobierno un plan de transición para hacer frente a esta situación", ha señalado para destacar que no ha sido escuchada. La clave de la cuestión, en su opinión, radica en "la decisión del Gobierno y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de mantener paralizados los plazos procesales y suspendidos la mayor parte de juicios durante más de dos meses".

Para explicarlo mejor, ha puesto hoy, en rueda de prensa, un ejemplo: "No podía entender que el 15 de mayo la gente ya pudiera pasear, mientras que la tutela judicial efectiva seguía tan limitada para los ciudadanos".

Ha comentado que desde hace un mes, en diferentes reuniones con el ministro y con comunidades autónomas, viene solicitando un plan de transición y que se pudiera levantar la suspensión en algunas jurisdicciones en una fase transitoria previa al desescalamiento.

Se ha referido, por ejemplo, a la jurisdicción Social. "Pero no ha sido así", ha criticado. "Se han mantenido esos servicios mínimos acordados el 14 de marzo hasta el 4 de junio, previsiblemente, y esto ha dado lugar a un atasco que va a ser importantísimo, aquí con más de 20.000 juicios suspendidos", ha puntualizado.

A ello se suma una "carga de trabajo" como consecuencia de la emergencia sanitaria. Para hacer frente, Bravo ha insistido en que han planteado al Ministerio medidas organizativas con nuevas fórmulas, dirigidas a potenciar la mediación como alternativa a la resolución de conflictos o agilizar los plazos. "Y ahora estamos pendientes de la tramitación del decreto ley en el Congreso para la puesta en marcha de estas medidas", ha aseverado.