Benidorm y Ortiz se vuelven a ver las caras por la Estación de Autobuses

El Ayuntamiento de Benidorm y la empresa que gestiona la estación de autobuses de la ciudad, que todavía se encuentra en manos del empresario alicantino Enrique Ortiz, volverán a encontrarse en el punto en que lo dejaron hace meses cuando trataban de acercar posturas para desencallar una situación que se prolonga desde hace años y que, debido a los desacuerdos, está sumiendo a la infraestructura en un estado de abandono que daña mucho la imagen de la localidad.

Las dos partes han decidido retomar las reuniones de la comisión paritaria que fue creada para buscar una salida que contentase a ambos y que permitiera ejecutar la sentencia que en el año 2012 anuló la adjudicación a Ortiz.

Tras la celebración de la última sesión de la comisión las partes estaban a la espera de un informe jurídico que debería determinar los pasos a seguir en la futura licitación de la infraestructura. La pandemia lo paró todo hasta ahora.

La vuelta a la actividad de esta comisión, en la que se integran técnicos municipales y representantes de la mercantil de Ortiz, fue comunicada a los grupos políticos en el transcurso de la última Junta de Portavoces, la misma en la que se acordó un posicionamiento unánime contra el derribo de las torres de Punta Llisera. Lo que se desconoce aún es cuándo tendrá lugar la primera reunión de esta comisión post Covid 19.

El objetivo con el que nació este órgano era alcanzar un acuerdo que permitieradar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo de 2012 que anuló la adjudicación a Ortiz por irregularidades en la construcción de la instalación. Entre ellas, un exceso de volumetría en el hotel anexo y un significativo incremento de la superficie comercial.

Cinco años después de la sentencia, en 2017, Ortiz decidió dejar de lado la vía pacífica  y anunció su intención de acudir a la justicia para que se ejecutase la sentencia y, con ello, percibir la compensación que le correspondía por haber construido la estación. Una valoración sobre la que -para no variar- tampoco había acuerdo. Sucedía que acudir de nuevo a los tribunales podría conllevar que el Ayuntamiento fuera condenado y que los perjuicios fueran mayores para las arcas públicas.

Se decidió de común acuerdo crear la comisión paritaria. Pero desde entonces, y varias citas después, tampoco se ha llegado a una entente en cuanto al precio que debería abonar el Ayuntamiento al adjudicatario por la construcción de la instalación. Fuentes municipales reconocieron tras la última comisión que “se ha avanzado poco”.

El Ayuntamiento, sin embargo, tiene como argumento que el pleno aprobó en su momento una valoración de la estación de unos 24 millones de euros y que dicho acuerdo no fue recurrido por Ortiz, por lo que esa cifra podría ser la que se aplicase. De todos modos, a esa cantidad habría que restarle los más de dos años transcurridos en concepto de amortización.

Por último, otra de las incógnitas que aún debe despejar el informe jurídico es la fórmula que se empleará para la licitación y posterior adjudicación, ya que ni siquiera se sabe si tendría que hacerse en un único lote o en varios.