Una querella por delitos graves cerca al rector de la Universidad Juan Carlos I

Malversación de caudales públicos, falsedad en documento público y prevaricación esos son los presuntos delitos que acorralan al rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos, y a su gerente general Luis Mediero Oslé después de una querella presentada por el profesor Jorge Urosa Sánchez, en medio de una luchas intestinas por el control de la Universidad.

Los hechos se remontan a 2018, cuando la Rey Juan Carlos estaba en el punto de mira informativo por las noticias sobre el máster de Cristina Cifuentes y el rector convocó un concurso para realizar una auditoría al Centro Integral de Formación Permanente (CIFP), dirigido por Urosa. Un centro denunciado por la propia universidad ante la Fiscalía tras detectar algunas supuestas irregularidades ya en 2019.

Así, el concurso lo ganó la empresa Grant Thornton SLP por un importe de 261.791,97 euros para realizar un análisis financiero de la entidad, aunque, según la denuncia se hizo sin el acuerdo del Consejo Social, y concluyó que no hubo ninguna ilegalidad en la gestión del centro.

Sin embargo, el rector, quiso realizar una nueva investigación y al parecer contrató desde la universidad a otro despacho de abogados, Baker & Mckenzie, con la intención de conseguir las pruebas suficientes para cesar al director, en medio del ruido de sables que presagiaban una moción de censura contra el propio Javier Ramos.

Así, presuntamente se firmó un contrato menor por 17.036,80 euros, una cantidad que permitía esquivar la necesidad de licitar el encargo, y además, con una fecha dos meses posterior a la real, lo que supondría un delito de falsificación del procedimiento administrativo, para obtener un informe que concluya que "ha encontrado incumplimientos de normativa y minoración de controles, así como desajustes contables que han podido causar perjuicios económicos a nuestra Universidad", anunciando el cierre del centro y el cese de Urosa, aunque el CIFP sigue activo

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Por ello, el director del centro, expedientado por el rector, ha presentado una querella en la que asegura que "el motivo de estas disposiciones de los fondos públicos duplicadas y sin justificación, tiene como finalidad una persecución a disidentes de la política del Rectorado".

Además, la denuncia añade el que considera otro intento de coacción a los profesores que no son afines al Rectorado, ya que el 27 de julio de 2018 se ordenó a la vicegerente del Área Económica que se iniciara otro expediente de contratación para el servicio de auditoría forense y auditoría económico-financiera de distintas unidades de la URJC, calificado de urgencia ese mismo día.

Por ello, el denunciante insiste en que "a sabiendas de que existía una auditoría con la obligación de tipificar los posibles delitos, a sabiendas de que se tenía contratado un despacho de abogados cuya labor era el asesoramiento y litigación en el orden penal por valor de 120.000 euros, se continuó con la contratación de un contrato menor".

Y se arguye que "en realidad ya se había encargado y realizado, es decir que habiéndose gastado más de 380.000 euros para realizar la función de tipificar los hechos y las actividades del CIFP, el Rector y el Gerente General deciden volver a disponer de fondos públicos para justificar una nueva contratación contra los informes de la intervención general de la URJC".

Así pues, al rector de la URJC se le abre un nuevo frente jurídico, en medio de la pelea por el control de una universidad que vuelve a estar en el punto de mira por las presuntas irregularidades en su gestión.