| 19 de Abril de 2024 Director Benjamín López

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Ana Julia se enfrenta ya a la prisión permanente por su crueldad con Gabriel

Comienza el juicio con jurado popular por el crimen que conmocionó a toda España en febrero de 2018. Quezada se juega la prisión permanente revisable.

| ESdiario España

El caso conmocionó a toda España y generó una ola de solidaridad con unos padres destrozados por la tragedia. El 27 de febrero de 2018, la Guardia Civil encontró el cuerpo del pequeño Gabriel Cruz, de 8 años de edad, que había desaparecido 13 días antes en una pequeña localidad de Almería.

El cuerpo sin vida del pequeño estaba en el maletero de Ana Julia Quezada, por aquel entonces pareja del padre del  niño, que lo estaba cambiando de lugar después de haber ocultado el cadáver en una finca.

Finalmente, Ana Julia confesó que lo había matado. Para pasmo de todo el país, que pudo ver como durante los incesantes días de búsqueda y de agonía, ella participó como una vez en el dispositivo y apareció ante los medios afectadísima por la desaparición de Gabriel.

 

Desde este lunes, la acusada, de 48 años, se juega la prisión permanente revisable. Un jurado popular será el encargado de alcanzar un veredicto de inocencia o culpabilidad en la Audiencia Provincial de Almería.

Será un juicio con fuertes medidas de seguridad, con hasta un total de 42 agentes de Policía Nacional. La Unidad de Intervención Policial (UIP) van a establecer un perímetro de seguridad en torno al Palacio de Justicia y van a reforzar la seguridad en el interior del edificio, cuyo acceso quedará regulado por la Guardia Civil. 

 

Evitar imágenes dolorosas del niño

La gran expectación mediática que ha generado este juicio,  ha dado lugar a que los padres de Gabriel hayan solicitado amparo "ante las amenazas que la cita judicial" comporta para sus derechos fundamentales como "víctimas de delitos violentos", así como "respeto" a la "memoria" del menor, y de "la intimidad, el honor e integridad de su familia".

En un escrito remitido a diversas instituciones, entre ellas el Consejo Audiovisual de Andalucía y la Fundación Europea por las personas desaparecidas QSD Global, han solicitado que se "eviten" informaciones relativas a los informes forenses de su hijo "que puedan dañar su imagen y ocasionar un dolor enorme a su seres queridos", así como un uso "responsable" de esta. Patricia Ramírez y Ángel Cruz han pedido, asimismo, que no haya "interferencias" que pudieran "cuestionar que se trata de un juicio justo y con todas las garantías".

 

Solicitudes de penas

Tanto la Fiscalía como la acusación particular solicitan la pena de prisión permanente revisable por el delito de asesinato con alevosía si bien los segundos añaden ensañamiento.

El Ministerio Fiscal también formula acusación por dos delitos de lesiones psíquicas producidas a los padres y pide diez años más de prisión, cinco por cada uno de ellos, y la prohibición de comunicación o aproximación a una distancia de un kilómetro durante 30 años. La acusación particular califica estos hechos como delito contra la integridad moral.

 

Como responsabilidad civil, la Fiscalía interesa que la acusada Ana Julia Quezada abone una indemnización de 300.000 euros para cada uno de los padres, en concepto de reparación por el daño moral causado y por el mismo delito la cantidad de 160.000 euros a la abuela paterna.

También incluye el pago a los progenitores en la cantidad de 170.000 euros, 85.000 euros por cada uno de ellos, en concepto de lesiones psíquicas y secuelas y por los gastos médicos y farmacéuticos acreditados.

La fiscal también pide el pago de 200.203 euros por los gastos generados en el amplio despliegue operativo que se puso en marcha en la búsqueda del menor desaparecido durante once días.