Camps procesado por la construcción del circuito de la Fórmula 1

Ecclestone y Francisco Camps enel circuito de Fórmula 1 en Valencia en 2008

Ecclestone y Francisco Camps enel circuito de Fórmula 1 en Valencia en 2008

El expresidente de la Generalitat estudia presentar una querella contra la jueza porque cree que su voluntad "ha sido ignorar los órganos de control" como Sindicatura o Intervención.

La jueza del Juzgado de Instrucción número 17 de Valencia ha decidido procesar al expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps en la causa por la construcción del circuito urbano de la Fórmula 1 en Valencia y le acusa de haber hecho un uso indebido de fondos públicos y de haber beneficiado a determinadas empresas que habrían entregado dinero para ser elegidas.

En un duro auto, la titular sostiene que Camps "impulsó" y "permitió" la construcción del circuito urbano de València "con la única intención de proyectar su imagen" como máximo representante de la Comunitat y que lo hizo "al margen de las funciones propias" de sus competencias. Recordemos que la actuación supuso un coste cercano a los 89 millones de euros entre los años 2007 y 2008.

Además del mal uso de fondos públicos y de haber elegido a dedo a las compañías adjudicatarias de la construcción, asegura que se alteraron datos y fechas en documentos de expedientes administrativos para respaldar "las adjudicaciones irregulares" de esas empresas que habrían hecho determinadas donaciones.

La jueza afirma que la instrucción revela indicios "suficientes, sólidos, razonables y consistentes" contra Camps por prevaricación, malversación y falsedad documental; cohecho y/o tráfico de influencias. 

Junto a Francisco Camps, en esta causa sobre la construcción del circuito de la F1 también se procesa al que fuera su vicepresidente Vicente Rambla; al exconseller de Infraestructuras Mario Flores; a cargos del Ente Gestor de la Red de Transporte y Puertos de la Generalitat (GTP) y a varios empresarios, entre los que se encuentra el representante de FCC Construcción S.A., José Mayor Oreja, hermano del exministro Jaime Mayor Oreja. La magistrada sostiene que Camps "capitaneó" al resto de procesados para obtener un "rédito político y personal" como "máxime artífice" de un evento de interés mundial.

En total, son dieciséis los procesados mientras que la instructora ha acordado el archivo del caso para otras diecisiete personas, entre ellas, el que fuera secretario autonómico de Deportes y ex secretario general del PP, David Serra, y la asesora del expresidente Belén Reyero.

La jueza da traslado a Ministerio Fiscal y Abogacía de la Generalitat para que en diez días formulen escrito de acusación, pidan apertura de juicio oral, el archivo de la causa o soliciten la práctica de diligencias complementarias. 

Sin embargo, en diciembre de 2018, un juzgado de Valencia acordó  el sobreseimiento provisional de la causa sobre las negociaciones para la organización del Gran Premio de Fórmula 1 en Valencia. La titular del juzgado de instrucción número dos de Valencia consideró en su auto que la investigación no permite sostener una acusación por los delitos de malversación y prevaricación.

Camps estudia presentar querella

Francisco Camps, por su parte, estudia presentar una querella contra la titular del Juzgado de Instrucción número 17 de Valencia. Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la defensa del expresidente, tras conocer el auto de procesamiento de la magistrada, que van a recurrir, y a quien Camps critica porque cree que su voluntad "ha sido ignorar los órganos de control" como Sindicatura o Intervención.

Las citadas fuentes de la defensa de Camps también han señalado a la cadena SER que la urbanización del entorno del circuito se hizo dentro del Plan del Cabanyal y "ha quedado para la ciudad, así que es trama urbana" y opinan que "la jueza concluye sin argumentos que los empresarios trabajaron allí e hicieron aportaciones económicas a cambio de contratos". Según esas fuentes, los contratistas trabajaban habitualmente con la Administración Autonómica. Y además subrayan que la jueza destaca que "no tiene en cuenta los informe de entidades como la Sindicatura de Cuentas; no pusieron ningún reparo a la gestión del evento. Tampoco tiene en cuenta un informe del IVIE realizado para la compra de Valmor en 2011 que calcula en 400 millones el retorno del evento para ciudad.

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