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Barcala da marcha atrás y no acudirá a los juzgados por la Estación de Autobuses

| Redacción Alicante Edición Alicante

Luis Barcala anunciaba la pasada semana que acudiría a los tribunales tras la negativa del presidente del Puerto, el socialista Juan Antonio Gisbert a sentarse a negociar una solución para prorrogar que la Estación de Autobuses de Alicante continuara en la actual ubicación, en terrenos del Puerto. Pues bie, ya no habrá contencioso. El problema es que al parecer, el acuerdo que data de 2006, ya contemplaba que no podía hacerse más prórrogas, la última fue en diciembre del pasado año, por lo que el 30 de junio de 2020 finalizaba el convenio y se ha hecho más bien poco para conseguir una solución, en vista de los acontecimientos.

El alcalde, tras consultar con el gabinete jurídico municipal, ha reconocido que no hay base legal y no seguirá la batalla con Gisbert. Ahora, según fuentes del equipo de gobierno, se están logrando avances para buscar la mejor solución para todos. Todo apunta a que Alicante tendrá que pagar más dinero para que la Estación de Autobuses siga en el mismo lugar con la firma de un nuevo convenio.

A ello se ha agarrado el PSOE de Paco Sanguino, que ya preguntó en el pasado pleno qué iba a hacer el gobierno municipal con la extinción de la concesión, para seguir vertiendo duras críticas contra el alcalde. De hecho, en un comunicado, Sanguino afirma que "la mala gestión realizada con la Estación de Autobuses por el alcalde va a provocar graves perjuicios para Alicante: Primero, la ciudad tendrá que pagar mucho más dinero de los contribuyentes porque no es posible una prórroga más como ya advertimos; segundo, la imagen de la ciudad vuelve a estar por los suelos y tercero, a partir del día 30, tendremos el extraño honor de que el Ayuntamiento sea “un okupa” en los terrenos del Puerto de Alicante".

Según el portavoz, el PSOE lleva desde marzo insistiendo en que había que buscar una solución porque el convenio de la Estación de Autobuses, ubicada en terrenos propiedad de la Autoridad Portuaria, expiraba el 30 de junio. Sanguino afirma que Barcala lo sabía ya el 18 de octubre de 2019 y no lo incorporó a los presupuestos, con lo cual demuestra que los presupuestos “ya nacían falseados”.

Pero es que desde octubre no ha hecho nada pese a que el PSOE le advirtió por activa y pasiva que el 30 de junio de 2020 expiraba el plazo, que “se pusiera a trabajar y en buscar una solución para que Alicante no se quedara sin Estación de Autobuses. Pero no ha hecho nada, amenazar con ir a los juzgados y luego tener que dar marcha atrás, dando así un paso en falso vergonzoso y ridículo, cuando el gabinete jurídico municipal le ha debido decir que se deje de bravatas”.

Mientras tanto, por el camino, según el portavoz, ha ridiculizado a su concejal de Transportes, Manuel Villar, que en marzo aseguraba que “estamos en negociaciones con la Autoridad Portuaria para ver cómo renovamos ese convenio y cuáles serán sus términos concretos, en cuestiones como el nuevo plazo autorizado”, cuando Barcala sabía perfectamente que ya no podía haber más prórrogas. Incluso en el pleno del 25 de junio al propio edil le tocó la papeleta de defender lo indefendible, cuando Sanguino preguntó sobre el estado de las negociaciones con la Autoridad Portuaria. Villar culpó al presidente del Puerto de no querer negociar y cuyo trato, palabras textuales del concejal, “no es el que merecemos, lo hace como si fuéramos una administración inferior. Esto va a acabar en los tribunales. ¿Qué tribunales?”. Pero es que en el mismo pleno incluso Barcala afirmó que Sanguino solo defendía la tesis del Puerto, que no era la tesis amparada por los técnicos municipales. “¿Y ahora qué tiene que decir? ¿Ahora quién tiene la culpa, el gabinete jurídico municipal? Evidentemente, no”.

Paco Sanguino asegura que a Barcala parece ser que no le importa “despilfarrar” el dinero de los alicantinos y alicantinas. “Barcala no solo ha puesto en juego los gastos mayores por tener que realizar una nueva concesión que costará más dinero, sino que ha puesto en juego los ingresos que percibe la contrata de autobuses que explota este recinto. Es la manera de actuar de un alcalde prepotente que ha causado un lío absurdo y caprichoso”.