23 de agosto de 2019
DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT

La vivienda ‘del cambio’: sanciones por pisos vacíos y alcaldes fijando precios

Si la receta 'político-populista' que contempla el acuerdo presupuestario entre Sánchez e Iglesias se aplica, el problema de la vivienda en España estaría aún más lejos de solucionarse.

Si la receta política que contempla el acuerdo muñido entre Sánchez e Iglesias se hace efectiva, el problema de la vivienda en España no sólo no se resolvería sino que se agravaría de forma considerable.

El documento recoge penalizaciones fiscales a las empresas propietarias de muchos pisos vacíos, al tiempo que sienta las bases para que los alcaldes y los gobiernos autonómicos puedan "regular y limitar las subidas abusivas del precio del alquiler". Es decir, en caso de que los Presupuestos del próximo año contemplen esta propuesta, los ayuntamientos podrán eliminar la deducción en el IRPF a quienes superen el precio máximo del alquiler establecido.

 

Además, las comunidades de propietarios podrán prohibir el alquiler turístico o fijar nuevas condiciones, y se amplía el plazo de prórroga obligatoria de los contratos de arrendamiento de tres a cinco años. Ciertamente, los bajos sueldos y el encarecimiento de los precios ha convertido la vivienda en un lastre para millones de ciudadanos -particularmente, los jóvenes- a los que les resulta imposible alquilar un inmueble.

Estrangular el mercado de la vivienda ni contraería precios ni ampliaría oferta. Lo que sí haría es dejar al albur del alcalde de turno la cacicada de fijar  precios

Si el Gobierno no pone freno al incremento de los precios del alquiler, particularmente, en Madrid y Barcelona, no es una hipérbole augurar que esta nueva burbuja puede poner en riesgo la recuperación económica.

En este sentido, el diagnóstico que hacen el PSOE y Podemos en el documento rubricado de cara a las cuentas públicas del Estado en 2019 constata una conclusión acertada sobre la gravedad del problema de la vivienda. Cuestión distinta son las soluciones que plantea, que irradian el aroma de un populismo de nítida raíz intervencionista.

Estrangular el mercado

Estrangular más el mercado de la vivienda ni contraería los precios ni ampliaría la oferta, por mucho que Sánchez e Iglesias aspiren a ampliar en 20.000 viviendas públicas el parque de alquileres. Lo que sí haría es dejar al albur del alcalde de turno la cacicada de fijar los precios.

En lugar de introducir factores correctores que frenen la escalada del alquiler sin deteriorar la competencia, Sánchez e Iglesias optan por un paquete de medidas que generará la inseguridad jurídica propia de una normativa no armonizada en todo el Estado sino condicionada a la política de cada municipio.

 

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