05 de diciembre de 2019
DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT

El abogado de Puigdemont vuelve a hacer el ridículo con Valtonyc en Europa

El letrado Gonzalo Boyé, defensor del rapero y de Carles Puigdemont, ha quedado retratado tras su última maniobra fallida en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dejado en ridículo al abogado del rapero mallorquín Josep Miquel Arenas, más conocido como Valtonyc, tras declarar "inadmisible" el recurso presentado contra su condena a tres años y medio de prisión por delitos de enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves a la Corona y amenazas que le impuso la Audiencia Nacional en 2017 por el contenido de las letras de algunas de sus canciones y que hicieron que el  cantante saliese de España, por lo que se encuentra huido de la justicia.

La resolución del tribunal con sede en Estrasburgo fue dictada por juez único, de acuerdo al reglamento que rige dicho órgano, y fue comunicada a la defensa del cantante, que ejerce el abogado Gonzalo Boye, el pasado 11 de julio, aunque hasta este martes no se había hecho pública.

Valtonyc comparte defensa con el expresident de la Generalitat de Cataluña huido en Bélgica Carles Puigdemont, procesado en la causa del procés independentista y el resto de exconsejeros que le acompañan y viene siendo habitual verle en actos organizados por el entorno independentista en dicho país.

 Pero las malas decisiones de Boye no son nuevas, ya que en el mes de junio el tribunal de derechos europeo también rechazó la medida solicitada por el cantante para que, de forma cautelar, se declarara nula la orden de ingreso en prisión que dictó contra él la Audiencia Nacional una vez que su condena fue confirmada tanto por el Tribunal Supremo como por el Tribunal Constitucional.

Tras la sentencia de la Audiencia, Arenas abandonó el territorio español para evitar su ingreso en prisión, por lo que se emitió una orden nacional, europea e internacional de búsqueda y captura.

La justicia belga, sin embargo, rechazó su entrega a las autoridades españolas en septiembre del pasado año al estimar que los delitos por los que fue condenado tienen equivalente en la legislación local y descartar que sus actos estén relacionados con el terrorismo, amparándolos en la libertad de expresión.

 

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