25 de junio de 2019
DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT
  • Pascual Tamburri

    Ruta Norte

    Pascual Tamburri nació en Pamplona y vive Navarra. Es licenciado en Filosofía y Letras, en Ciencias Políticas y en Derecho, doctor en Historia Medieval y profesor de Instituto. Ha investigado y publicado más de dos décadas y sigue creyendo que hay futuro para España y sus campos.

Cumpleaños de una Constitución que se muere de malos tratos

Juan Carlos I y Felipe VI en 1978, sobre la legalidad entonces vigente.

Juan Carlos I y Felipe VI en 1978, sobre la legalidad entonces vigente.

La Constitución del 6 de diciembre de 1978 ha durado ya bastante. De hecho, se está usando mal y argumentando peor, y no se cumple del todo mientras sueñan con quitarla.

Estos días, en los que habría motivo para que todos escribiesen sobre la Inmaculada –es la fiesta más grande que esta semana celebramos- resulta que toda España se nos ha puesto a juntar letras a propósito del 6 de diciembre. Pero no por San Nicolás, que tendría bastante razón de ser frente a tanto invento necio de olencheros, santaclauses, viernes negros y demás zarandajas, sino por la Constitución votada en 1978.

Palabrería pelota y oportunista aparte, lo cierto es que la Constitución democrática votada por la gente y ratificada por el Rey – Jefe del Estado entró en vigor conforme a las Leyes Fundamentales entonces aplicables. Su legalidad y su legitimidad nacen, guste o no, del anterior régimen.

Y esto tiene su importancia, molesta pero indiscutible. La tiene frente a los enemigos de la unidad nacional, y la tiene frente a los enemigos de la soberanía de esa nación única e indivisible. Si decimos, nada más empezar esa Constitución que para tantos es sagrada, que “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado” estamos diciendo muchas cosas muy importantes… y luego en realidad no nos atrevemos a cumplirlas en la vida cotidiana de España.

España, como sujeto político, es anterior a la Constitución y anterior a su actual forma política democrática y monárquica. Si afirmamos que “la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles” estamos diciendo y convirtiendo en un hecho jurídico irreversible algo que ya existía en 1978, que es la preexistencia milenaria de España, su articulación como Estado durante siglos y su vertebración como Nación moderna también durante siglos. Nada de todo eso se crea en 1978, sino que el texto de 1978 lo reconoce, acepta su existencia y lo toma como base de la convivencia posterior.

Por eso mismo es una necedad hoy en día atribuir los méritos y bondades actuales de la convivencia nacional a los esfuerzos, al menos discutibles y en todo caso bastante caducados de Adolfo Suárez en su presidencia, de Enrique Tierno Galván con sus buenos deseos progres en el Preámbulo, de Gabriel Cisneros, Miguel Herrero Rodríguez de Miñón o José Pedro Pérez-Llorca, de Gregorio Peces-Barba, de Jordi Solé Tura, de Manuel Fraga Iribarne y del ahora atribulado Miquel Roca i Junyent. No, señores: la España para la que se redactó aquella Constitución existía antes, y no nació con ella ni de sus méritos. Hoy en día no tiene sentido amenazar con las penas del Infierno si se cambia la Constitución, sencillamente porque en más de un extremo –en lo que se refiere al sujeto de la soberanía constitucional- no hay reforma posible.

A lo largo de este año 2015 hemos pasado por una meditación obsesiva en torno al artículo 155, como si no hubiese otros pendientes de aplicación en Cataluña y fuera de ella; y después por una especie de concurso entre los partidos neonatos a ver quién ofrece la reforma más original de la Constitución, cuando realmente en muchas cosas, y también de la unidad territorial, está pendiente de aplicarse su actual texto. Evidentemente es un texto muy imperfecto –soy navarro, y llevamos cuatro décadas con la espada de Damocles de la Transitoria Cuarta hecha para gusto de los progres de entonces y los cipayos de ahora-, pero el paso fundamental sería cumplirla.

Es una Constitución que bien tratada permitiría muchas cosas buenas. Por ejemplo, permite las autonomías regionales, pero no obliga a ellas, así que sin reformarla o casi podíamos tener un Estado reducido, barato, justo, centrado y eficaz. ¿Se atreverán los de la ‘casta’, jóvenes o mayores? Y permitiría una intervención excepcional del Estado y todos sus órganos en circunstancias de extrema gravedad… aunque nadie ha dicho que alguien como Mariano Rajoy vaya a atreverse a ello.

Es un tanto lamentable la actitud de los que se llenan la boca y el alma de buenas palabras democráticas y constitucionales, y que se permiten dar lecciones a Francia o tomarlas de Venezuela estos días. Bastante más ejemplar ha demostrado ser Francia, donde el Frente Nacional, el partido más a la derecha en Francia, ha sido la fuerza más votada en las elecciones regionales, con un 29,1% de los votos totales y sobrepasando el 40% en Provenza-Alpes-Costa Azul y en el Norte-Paso de Calais-Normandía, con la misma Marine Le Pen como candidata. ¿Y bien, eso no es democracia? ¿No lo es acaso más que la de un país donde en regiones enteras se ha votado durante décadas bajo la presión de los atentados, de los insultos, de la propaganda totalitaria separatista y de la corrupción? Dudo que podamos presumir de demócratas si nos alegramos de la derrota de Maduro y sentimos la derrota aplastante de Sarkozy y de Hollande.

Eh sí, tenemos aún mucho que aprender para ser verdaderamente constitucionales…

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