21 de mayo de 2019
DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT

Ni los taxistas ni nadie pueden colapsar toda España con sus protestas

No hay justificación para convertir en rehenes de ningún conflicto gremial a ciudadanos y turistas. Sean cuales sean las razones, garantizar la movilidad es la prioridad.

 

 

Más allá de las razones que asistan a ningún colectivo, paralizar un país, colapsar sus comunicaciones, dañar a decenas de miles de personas y transformar un servicio público en una herramienta de presión política es inadmisible.

Nada justifica que, en ámbitos tan sensibles como el transporte, la seguridad o la sanidad; las aspiraciones de un colectivo se pongan por encima de las de los ciudadanos; pues en la naturaleza de su misión va implícito el cumplimiento incondicional de la misma: no hay derecho a la huelga, que en el caso del taxi no es tal al tratarse más de un cierre patronal por la condición de autónomos/empresarios de estos profesionales, que justifique un daño tan objetivo a los usuarios.

 

Pero eso es lo que están haciendo los taxistas de toda España, incumpliendo con sus responsabilidades directas y provocando, al cerrar vía como la Castellana en Madrid o la Gran Vía de Barcelona, que un derecho y una necesidad tan básicos como la movilidad de cientos de miles de personas queden hipotecados o suspendidos.

La demagogia

La torpeza del Gobierno, que ni ha visto venir el conflicto ni ha sabido atenderlo con rapidez, coincide además con la demagógica irresponsabilidad de partidos como Podemos y de dirigentes como Ada Colau o Manuela Carmena, con especial intensidad en el caso de la alcaldesa de Barcelona: fue ella la que prometió al sector del taxi algo que no entraba en sus competencias, la regulación de las licencias de VTC, incendiando el conflicto tras la suspensión de su medida por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

 

Podemos, Colau y Carmena han incendiado con demagogia un conflicto que ya estaba caliente

Y Podemos o Carmena han seguido en esa misma senda, unos pretendiendo incluir la movilización en el epígrafe de la "lucha de clases"; otra mostrando su disposición a emular a Colau para arrogarse la gestión restrictiva de los permisos para Úber o Cabify.

El maximalismo de las organizaciones de taxistas, que básicamente reclaman el monopolio del transporte público en coche, añade una última tea a una hoguera ya rebosante de fuego y aleja los posibles acuerdos. Que pasan por integrar los intereses razonables de los taxistas con las expectativas legítimas de los concesionarios de licencias de VTC y ambas, sobre todo, con los derechos de los usuarios de los dos servicios.

Un error de partida

Seguramente eso hubiera sido más sencillo si la compraventa de licencias de taxi no hubiese sido un negocio especulativo sobre una concesión pública sin tan desmedido coste y si, a la vez, se hubieran concebido desde el primer momento las VTC como un sistema de transporte y no como una simple app tecnológica: a desiguales reglas del juego, bien por fallos clamorosos de la Administración, bien por oscuros negocios con las licencias de todo tipo; el conflicto está servido.

Arreglar en una semana lo que se lleva haciendo muy mal durante tantos años es tarea casi imposible. Pero es una necesidad ya perentoria despejar el tránsito de las ciudades y dejar de tratar como rehenes a ciudadanos y turistas. España no se lo puede permitir, sin más.

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