Iglesias ríe: el juez cita al expresidente de Murcia en vísperas de la moción

Ya hay fecha para la declaración judicial del expresidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, en su calidad de investigado -antes imputado- en el caso Púnica.

Será el 6 de junio a las 10 de la mañana, justo una semana antes del debate en el Congreso de la moción de censura de Podemos, de la que se ha desmarcado incluso Compromís (lo hizo el jueves). No le vendrá mal a Pablo Iglesias, después de lo mucho que se han quejado los morados de que la presidenta del Congreso, Ana Pastor, fijara el debate para el 13 de junio y no antes.

El instructor en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Enrique Quiñonero Cervantes, investiga los presuntos delitos de fraude a ente público, cohecho y revelación de información reservada por parte de Sánchez, que dimitió en abril tras ser imputado en base al compromiso que firmó con Ciudadanos al inicio de la legislatura.

La Sala para el conocimiento de las actuaciones en el procedimiento que investiga la rama de Murcia del caso Púnica ha quedado finalmente constituida por el presidente, Miguel Pasqual del Riquelme, y los magistrados Álvaro Castaño y Concepción Roig, tras recibir la exposición razonada procedente del Juzgado Central de Instrucción 6 Audiencia Nacional, encabezado por Eloy Velasco.

De acuerdo con las normas de reparto se designa ponente a Miguel Pasqual del Riquelme e instructor a Enrique Quiñonero, todo ello tras abstenerse el magistrado Julián Pérez Templado, quien lo solicitó a la Sala al poner de manifiesto al Tribunal su amistad con el exconsejero Juan Carlos Ruiz y los lazos familiares que le unen a la esposa de éste, investigado en esta operación.

Cabe recordar que el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que investiga presuntas irregularidades en Murcia en el marco de la trama Púnica, elevó el pasado 3 de abril la exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU) de la parte relativa al ya expresidente murciano. 

En su exposición razonada, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 justificó su decisión de enviar la causa a Murcia en que el investigado concertó trabajos con el informático experto en reputación en Internet Alejandro de Pedro para "limpiar" con dinero público su imagen en las redes sociales con motivo de la campaña para las elecciones a la Presidencia de la región en 2015.