Colau creía que el referéndum se podía hacer "porque no tenía efecto jurídico"

Todos pensaban que el referéndum de independencia en Cataluña se podía hacer aunque no fuera legal y por eso ella lo apoyó. Esa es la tesis que ha defendido la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau,   en el juicio al 'procés', reconociendo que después de que el Tribunal Constitucional anulara el decreto de convocatoria del referéndum independentista del 1 de octubre se reunió con el expresidente catalán Carles Puigdemont y que ambos entendieron que esa suspensión se limitaba a los "efectos jurídicos" de los resultados de la consulta, no al "derecho político" a celebrarla.

En su declaración como testigo, Colau ha explicado que en ese encuentro Puigdemont y ella estuvieron de acuerdo en "dar apoyo político" a la convocatoria de referéndum y en "no poner en riesgo penal a ningún funcionario".

"Queríamos que todo el mundo tuviera la tranquilidad para que se pudiera votar con normalidad. Entendíamos que la suspensión como tal era en sus efectos jurídicos, pero no estaban suspendidos los derechos políticos", ha remarcado, para añadir después de forma rotunda que si lo que se está juzgando en el Tribunal Supremo es la celebración del referéndum, también deberían estar sentadas en el banquillo de los acusados "millones de personas".

Para la alcaldesa de Barcelona, la jornada de votación fue un ejemplo de "movilización pacífica, pero para defender derechos fundamentales". Un acto "que no fue de ningún partido político, fue de la gente, de millones de personas auto organizadas", ha añadido.

Cargas policiales

No obstante, ha indicado que la jornada se vio "alterada" por las cargas policiales en los colegios y, por ello, ese día, además de "ciudadana", tuvo que actuar como alcaldesa cuando llamó al entonces delegado del Gobierno, Enric Millo, para "exigir que pararan".

Colau ha aprovechado su comparecencia para pedir que se aclare quién dio la orden de iniciar esas cargas porque, en su opinión, "no se pueden producir por iniciativa espontánea", sino que considera que tuvo que haber "una instrucción política y la ciudadanía tiene derecho a conocer la realidad".

La regidora, que al inicio de su declaración ha mostrado su "incomodidad profunda" por tener que responder "a un grupo de extrema derecha", en alusión a la acusación popular ejercida por Vox, ha calificado de "excepcional" la situación que se produjo el 20 de septiembre de 2017 a raíz de los registros por orden judicial en diferentes sedes de la Generalitat, hechos a los que se ha referido como "escándalo democrático" y por "motivos políticos".