La nueva Ley de Servicios Sociales aparta a los empresarios del sector

A finales del mes de diciembre se publicó el Decreto de Acción Concertada de la Comunidad Valenciana por el que se ponía en marcha el famoso concierto social reservado solamente para las entidades sin ánimo de lucro. Esta exclusión de las entidades mercantiles que trabajan en el ámbito de los servicios sociales es, desde el punto de vista de CEAPS, contraría a la nueva Ley de Contratos del Sector Público ya que ésta Ley permite fórmulas de concertación siempre que nos sean discriminatorias, es decir, que permitan la participación de todas las entidades que cumplan con los requisitos técnicos del servicio. “La selección de entidades que trabajan con la administración debe basarse en la calidad del servicio que se presta a las personas en situación de dependencia y no en si lo presta una fundación, una asociación o una empresa. Insisto, el sector de la atención a los mayores sólo puede tener una vara de medir, y es la calidad de los servicios”, ha declarado Cinta Pascual, presidenta de CEAPS.

En la reciente presentación de la nueva Ley de Servicios Sociales se planteaba por parte de la vicepresidenta Oltra que los servicios deberían prestarse primero por parte de la Administración, en su defecto por las entidades sin ánimo de lucro y en tercer lugar por las entidades mercantiles. Por lo tanto, se establece, según estos empresarios, una preferencia, sin ninguna base objetiva que indique el nivel de calidad que presta. “No entendemos este rechazo al trabajo que llevamos a cabo las empresas. En los peores momentos de la crisis sostuvimos una parte muy importante del sistema de servicios sociales manteniendo los centros abiertos y los puestos de trabajos a pesar de los continuos impagos de la Administración”, afirmaba la presidenta Pascual.

Por estos motivos, no entienden la posición tomada por la Conselleria ni su actitud "frente al legítimo papel que las empresas desempeñan, y deben seguir desempeñando, en colaboración de las administraciones públicas y en beneficio del usuario final", es decir, de las personas mayores y/o dependientes.

Para CEAPS, los análisis demográficos y la realidad de los servicios e instalaciones actuales claramente muestran un déficit de éstos, a nivel nacional, para poder atender desde la calidad a las personas mayores y a las personas dependientes en un futuro muy cercano, "por lo que, de nuevo, no entendemos ni podemos aceptar que no se cuente con la experiencia y la colaboración del sector empresarial".

Así, han mostrado su apoyo apoyar cualquier medida o acción que la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE) decida acometer "en defensa de la legalidad, de la calidad de los servicios, de la asistencia a los usuarios y del sector empresarial en general". En esta línea, CEAPs también apoyará a las distintas organizaciones territoriales asociadas que se encuentren en situaciones similares.