13 de noviembre de 2019
DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT

La ministra de Justicia alemana tardó 24 horas en ponerse al teléfono con España

Puigdemont, en la rueda de prensa que ofreció en Berlín el sábado tras salir de la prisión.

Puigdemont, en la rueda de prensa que ofreció en Berlín el sábado tras salir de la prisión.

España no quiere ni puede permitirse otro varapalo como el del tribunal de Schleswig-Holstein sobre el delito de rebelión del que el Supremo acusa a Puigdemont. Hay demasiado en juego.

El pasado sábado el ministro español de Justicia, Rafael Catalá, llamó a su colega alemana, Katalina Barley. No se le puso al teléfono. El domingo cuando, según se supone, Catalá había perdido toda esperanza de hablar con ella, le contestó. Fue una conversación distante en la que el español no le pidió nada, se limitó a enseñarle las generales de la ley: España es un país democrático intachable, aquí se respetan escrupulosamente, la separación de poderes está garantizada… Nada más.

La colega se disculpó como pudo y volcó naturalmente la culpa sobre el mensajero periodista. Nada fuera de lo habitual como no fuera que esta conversación debió celebrarse mucho antes de que el Tribunal de Schleswig-Holstein resolviera tan negativamente para nuestro país la extradición del rebelde sedicioso Puigdemont.

Según informan los entendidos del Gobierno de Rajoy nunca nos iban a poner los cuernos, dicho muy gráficamente. Y sea por eso o porque no existió ningún acercamiento previo ni a los jueves, ni al propio Gobierno de coalición de Merkel, el resultado pesará muchos meses sobre las espaldas de nuestro Estado.

¿Cómo explicar que no se conociera la filiación exacta, radicalmente izquierdista, de la citada ministra? ¿Cómo no saber las peculiaridades de un estado como Schleswig-Holstein que históricamente ha tenido muchas tentaciones de anexión a Dinamarca? Algunos alemanes que viven en España recuerdan que ya en 1920 se celebró en ese estado norteño alemán una consulta para dirimir la configuración política de aquel estado.

Pues bien: el 80 por ciento del Norte se pronunció inequívocamente a favor de su incorporación a Dinamarca. Desde entonces han existido refriegas sobre el particular más o menos duras, pero es lo cierto que no se ha vuelto a proponer una medida como ésta, pero, dicen estos alemanes residente en nuestro país, que la tentación sigue viviendo arriba, o sea, en el Norte del Estado.

La ministra de Justicia de Alemania, Katarina Barley, la protagonista de la polémica entre Madrid y Berlín.

 

Quizá estos datos que afectan a la ideología de Frau Barley y a la singularidad de uno de los 16 estados federados en Alemania, no hayan influido demasiado en la estrafalaria resolución de los jueces germanos, pero habría que haberlos tenido en cuenta. Ahora mismo en el Tribunal Supremo se preguntan si el Gobierno español está haciendo “algo” en Alemania.

Pues bien, parece que sí. En Berlín reside como embajadora Victoria Morera, la diplomática que ha tenido que salir al paso de las reiteradas informaciones, torticeras, falsas, bastante canallas, de un periódico rabiosamente socialista, volcado muy a la izquierda como la propia ministra supercitada. Es el Süddeutsche Zeitung, el diario que publicó las intromisiones de Barley en el indecoroso tribunal de Scheswig-Holstein.

Este periódico de Munich lleva meses, muchos meses, siendo especialmente sensible a la inmensa propaganda que el Diplocat de Puigdemont y compañía ha venido sufragando con fondos públicos para vender su independentismo en toda Europa.

Morera conoce muy bien esta estrategia porque antes de ser nombrada embajadora de Berlín, componía con otros expertos diplomáticos, el grupo llamado Montserrat, un equipo que se reunía las mañanas de todos los viernes para analizar el transcurso del procés catalán y aconsejar medidas para intentar frenar su abusiva publicidad en toda la Unión Europea.

Al parecer, ese grupo al frente del cual estaba el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Manuel García Margallo, se disolvió apenas llegado su sucesor al Palacio de Viana. La idea fue residenciar en la Vicepresidencia del Gobierno cualquier iniciativa exterior contra los sediciosos.

Ese “algo” que referimos líneas arriba parece que se está centrando en asegurar que no habrá otro nuevo varapalo para España. El Supremo y el juez Llarena dudan muy seriamente sobre si plantear una “cuestión prejudicial” ante el Tribunal de Justicia Europeo, una cuestión que básicamente consiste en dirimir si la decisión de los jueces alemanes ha sido concorde con el Derecho Comunitario.

Dudan porque la iniciativa tiene varios riesgos, uno de ellos el más importante es que, al final, el mencionado Tribunal de la Unión quite la razón al Reino de España con lo que se produciría una auténtico marasmo de nuestro Estado y una posibilidad muy cierta para la separación de Cataluña del resto de España.

Es de suponer que a este respecto, el Gobierno de Mariano Rajoy se esté empleando a fondo no solo en articular respuestas jurídicas adecuadas, sino en averiguar cuál es la auténtica disposición de los jueces alemanes sobre el delito de malversación, que sería el único que permitiera la extradición de Puigdemont a España.

No se trata de violentar de ningún modo la separación de poderes, sino de evitar, como dice un experto español, la “incomunicación de poderes”. Así las cosas no se espera por lo demás que Llarena tarde demasiado tiempo más en tomar una decisión sobre Puigdemont y su futuro judicial. En palabras de un exministro de Rajoy: “Este pitorreo no puede durar mucho más”.

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