Puigdemont debería haber sido detenido, aunque eso fuera lo que buscaba

Seguramente tiene razón el juez Llarena cuando detecta y recalca las intenciones perversas de Puigdemont con su viaje a Copenhague coincidiendo, de manera nada casual, con la decisión del presidente del Parlament, Roger Torrent, de proponerle como candidato a la investidura de la Presidencia de la Generalitat.

Parece obvio que el alocado expresident buscaba reactivar la euroorden de detención que le hubiera traído de vuelta a España para ingresar en prisión y, desde allí, poder hacer lo mismo que otros presos tan ilustres como Oriol Junqueras: delegar su voto en esa sesión, en alguien que le votara a él mismo o a otro de sus compañeros.

Al juez Llarena le asiste la buena intención y el deseo de no dejar escapar al prófugo, pero debe ser más rápido y menos político

Y de paso, parece igual de factible, ahorrarse tal vez el procesamiento por rebelión, pues en la repatriación desde Dinamarca es posible -sólo posible- que fuera incluida la imposibilidad de juzgarle por el delito más grave de todos los presuntamente cometidos durante el 'procés' y, también, el menos habitual en los códigos penales europeos: las 'extradiciones' son limitativas, como bien sabe Puigdemont, y prohíben aplicar tipos penales que no estén descritos en el Código doméstico de los países de origen de los prófugos, como ocurría con Bélgica.

Pero si todo esto es cierto, también lo es que el Supremo no debe adentrarse en valoraciones políticas y, mucho menos, condicionar su labor y decisiones a factores ajenos a la práctica jurídica. O, dicho de otro modo, no hay ninguna razón lo suficientemente poderosa como para justificar que no se aplique la mejor y más rápida Justicia posible aunque tenga unos efectos políticos indeseados.

La Fiscalía lo pidió

Y el juez Llarena, con buena intención pero insuficientes argumentos, es lo que ha hecho: le hubiera bastado con atender la petición de la Fiscalía, muy clara al respecto de la detención de Puigdemont, para a continuación aplicarle las leyes españolas con el mayor rigor. Y si en ese procedimiento surgen inconvenientes jurídicos, o se estudia cómo sortearlos dentro de la ley o se aceptan las consecuencias y se limita la acción al ámbito legal posible.

El juez tiene que aplicar la ley lo mejor y más rápido posible. Y ahora podía haberse dictado orden de prisión urgente para Puigdemont, sin más

Si mala es la judicialización de la política, peor  es la politización de la Justicia, tal y como demuestran no pocos casos de 'jueces justicieros' que actúan más en nombre de una supuesta opinión pública deseosa de venganza que de un Código Penal necesariamente técnico y ajeno a la temperatura social de cada momento.

Lo cierto que es por no estropear un supuesto futuro más adverso para Puigdemont, acorde con la envergadura de sus fechorías, se ha abortado una intervención judicial factible e inmediata que hubiera puesto a disposición de la Justicia española a un fugado con ínfulas.

El victimismo y la falacia

Y por mucho que Llarena lo explique en un auto minucioso, la certeza de que sus razonamiento son más políticos que jurídicos no son tolerables y además entregan argumentos al secesionismo para incrementar su actitud victimista: cuando lleguen las condenas, insistirán sin duda en identificar a los tribunales con el Gobierno y será más difícil explicar que en España existe separación de poderes.

El soberanismo en su conjunto tuerce las leyes, se las salta y pervierte las reglas del juego del Estado de Derecho, todo ello envuelto en la propaganda y el falso agravio autocomplaciente. Con esa actitud, es evidente que ha tendido, tiende y tenderá trampas para sacar provecho. Y aunque a veces parece que se le ayuda cayendo en sus trucos, a la larga siempre refuerza ceñirse al máximo a una hoja de ruta penal, inmune a las lecturas políticas. Por tentadoras y justificables que sean.