| 20 de Abril de 2024 Director Benjamín López

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Estalla la polémica en la primera hora de vida de la "Coalición progresista"

Sánchez e Iglesias han firmado juntos en el Congreso el acuerdo de legislatura, pero solo querían fotos, no preguntas. Y aun así el socialista ha hablado de hoja de ruta "transparente".

| A.I.M. España

La Coalición progresista, que es así como Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han bautizado su acuerdo para la legislatura, ha echado a andar con polémica. 

En la sala donde ambos han firmado el pacto se ha impedido la entrada a redactores y únicamente se ha permitido pasar a fotógrafos y cámaras de televisión. 

Así pues, tampoco ha habido preguntas, únicamente los discursos triunfalistas y autocomplacientes de los líderes del PSOE y Unidas Podemos y las imágenes de ambos y sus equipos abrazándose y prodigándose muestras de complicidad. 

Ello ha provocado las quejas de los periodistas, puesto que llueve sobre mojado: la semana pasada Sánchez rompió una tradición de 15 años y rehusó hacer la rueda de prensa de fin de año tras el último Consejo de Ministros de 2020.  

Para más inri, durante su discurso el presidente en funciones proclamó que su hoja de ruta será "transparente". E incluso se permitió bromear con que se había extendido "más de lo que pretendía" en su alocución. 

Sánchez habló de desafíos que no admiten "más demoras" y pidió a las demás fuerzas que se sumen "al avance y no al bloqueo", cuando de momento ya tiene atados el sí del PRC y del PNV y casi atadas las abstenciones de ERC y Bildu. Falta la fecha de la investidura. 

Por su parte, Iglesias llamó a "convertir nuestra patria en un referente de políticas de justicia social, feministas y que combatan el cambio climático" y habló de un "acuerdo histórico" tras "una década perdida". 

El pacto entre ambos incluye la derogación parcial de la reforma laboral, la derogación total de la LOMCE y de la Ley de Seguridad Ciudadana, la subida del salario mínimo a 1.200 euros de forma progresiva, el incremento del IRPF para las rentas superiores a 130.000 euros, una ley de muerte digna y regulación de la eutanasia, un nuevo sistema de financiación autonómica y la posibilidad de que ayuntamientos y comunidades limiten el precio de los alquileres, entre otras medidas.