Derribo de Agrónomos: Una colección de irregularidades y despropósitos

Alea jacta est. La demolición de aularios y laboratorios de la antigua Facultad de Agrónomos, proyectada a finales de los cincuenta por Fernando Moreno Barberá, ha sido ejecutada apenas una horas después de una vertiginosa (y dudosa según los expertos) concesión de licencia municipal y, amparada por el carácter de urgencia sanitaria que hoy conviene a cualquier errática decisión.

Las máquinas han trabajado, y lo siguen haciendo, este fin de semana con nocturnidad incluida y la alevosía de un rocambolesco proceso administrativo.

La sorpresa de la inmediata actividad destructora no es menor que el conocimiento de que las obras se licitaron en septiembre, tres meses antes de la concesión de una autorización que, al parecer, la Conselleria de Sanidad ya daba por hecho. Pero la irregularidad parece manifiesta. Es cierto que la conselleria cuenta con el Proyecto de Derribo desde finales del 19, redactado por arquitectos técnicos y supervisado por arquitectos superiores de su propio servicio de Infraestructuras, aunque fue en marzo -en pleno primer Estado de Alarma y confinamiento total- cuando solicitaron Informe
Urbanístico de Compatibilidad (del que no consta resultado alguno a fecha de hoy)

Más diligente ha sido la Dirección General de Cultura y Patrimonio, cuya responsabilidad ostenta Carmen Amoraga, puesto que a la solicitud de Sanidad del último día de noviembre respondió en menos de cuarenta y ocho horas. Y por fases. Porque, cinco días después y en pleno puente de la Constitución y la Inmaculada, se redacta un nuevo Informe en cierto modo contradictorio con el
anterior que dejaba la patata caliente en manos del Ayuntamiento, para de repente asumir la responsabilidad y autorizar los derribos.

Antes, el Servicio de Licencias Urbanísticas del Ayuntamiento, que tenía sobre la mesa todavía la solicitud de compatibilidad urbanística cuando recibió la de Licencia de demolición, y sin pronunciarse, había derivado consulta especifica a la Comisión Técnica de Patrimonio municipal y al Servicio de Planeamiento. Puede parecer que nadie deseaba “mojarse”. Y todo ello ocurrió entre el dos y el siete de este mes.

La Comisión de Patrimonio tuvo dos convocatorias extraordinarias y urgentes, con apenas cinco días de diferencia y con este único punto en el orden del día. La primera para lavarse las manos a la espera de más documentación. La siguiente (¡albricias!) para inhibirse tras el segundo y definitivo Informe de la Conselleria de Cultura, de forma tan contundente y efectiva que el mismo día, y
la reunión estaba convocada a la una de la tarde, sin más dilación se otorga la Licencia.

A criterio de los expertos se trata de una nueva y monumental chapuza. Por en medio, además de un sospechoso oscurantismo por el que este asunto no ha salido a la luz hasta que se ha materializado, el largo proceso de enajenación del inmueble que era propiedad de la UPV, la modificación puntual del PGOU en toda la manzana promovida por la Universitat de València y aprobada en 2006, el incumplimiento por parte del propio Ayuntamiento y de UV de redactar el plan especial del entorno de protección del Bien de Relevancia Local (BRL) y la ausencia de “ficha” del mismo en el Catálogo de Bienes Protegidos, y tantos y tantos documentos ambiguos o imprecisos de difícil encaje administrativo.

Derivas judiciales

Mientras, el Docomomo Ibérico, la institución nacional derivada del organismo internacional que cuida del patrimonio moderno, ya había registrado en 2009 el conjunto, así lo había impulsado el Colegio de Arquitectos, y la propia vicerrectora del Campus e Infraestructuras de la UPV en el pasado mandato, además de su vinculación a Docomomo, fue la directora de esa operación. De nada ha servido.

Esas valiosas piezas para los arquitectos, de influencia de Mies van der Rohe, y tan características de su autor, ya no son. Numerosos profesionales y docentes se han acercado a comprobar con sus ojos el disparate. Aunque no consta declaración académica o corporativa al respecto. A título individual, algunos de ellos auguran derivadas judiciales. Y los más preocupados recuerdan consecuencias hasta penales por los delitos contra el patrimonio. Incluidos la prevaricación o la falsedad documental.