En busca de prostíbulos para cerrar

Agentes de la Policía Nacional y de la Unidad Adscrita a la Comunidad Valenciana han habilitado varios operativos para el control e inspección de establecimientos de ocio nocturno y locales dedicados a la prostitución, con el objetivo de velar por el cumplimiento de la normativa decretada por el Gobierno para minimizar los efectos del COVID-19 en toda la provincia. También participan unidades de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras especialistas en la investigación de aquellos hechos delictivos relativos a la explotación sexual  e inmigración ilegal

La mayoría de las inspecciones se inician con la información que recogen las patrullas durante el servicio y las aportaciones que resultan de la colaboración ciudadana.

Los agentes han podido clasificar más de 40 locales donde se ejerce la prostitución y han iniciado inspecciones en aquellos que se mantienen abiertos. En las últimas horas la Policía ha clausurado uno de estos locales por falta de licencia y ha sancionado a otros dos por no cumplir las medidas sanitarias vigentes. En cuanto a la explotación sexual, se han desarticulado tres organizaciones criminales y se ha detenido a diez personas dedicadas a esta actividad ilícita y al favorecimiento de la inmigración ilegal de mujeres con el objetivo de llevarlas a distintos locales de la provincia donde ejercer la prostitución.

Cambio legislativo para cerrar burdeles

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha pedido buscar un cambio legislativo para acabar con la prostitución. Pero no sólo durante la pandemia, sino para siempre. Para él, como para muchos, se trata de una situación de “esclavismo”. El gobierno valenciano ha cerrado los lugares calificados como ocio nocturno -con licencias de bares de copas o discotecas- pero hay otros prostíbulos que siguen abiertos. Estos, según afirma el president, están siendo especialmente vigilados por la Policía Nacional, la Policía Autonómica y la Guardia Civil.

El Ministro de Sanidad, Salvador Illa, decretó junto con las comunidades autónomas el cierre de discotecas, salas de baile y bares de copas en todo el territorio español. Pero, ¿qué ocurre con los prostíbulos? La situación alegal de los establecimientos utilizados como burdeles identifica a estos negocios con licencias de pensiones, hoteles, bares o cafeterías, por lo que se hace más difícil aplicar las medidas de Sanidad para frenar los brotes y no se puede actuar sobre su clausura al estar permitida la apertura de estas actividades.