Ya está bien de ayudar a los "okupas" en lugar de echarlos en 24 horas

La propiedad privada no solo es sagrada. También es definitoria de la calidad de una democracia: allá donde no existe, el Estado de Derecho, la libertad, la igualdad y los valores más genuinamente democráticos suelen estar minimizados y desaparecidos. Lo que la convierte, en sí misma, en una variable indispensable para juzgar la propia existencia de un auténtico régimen libre.

Y en España está amenazado. Desde luego de una manera legal, pero ilegítima, con la galopante creación de impuestos injustos y voraces que castigan, cuando no expropian indirectamente, el patrimonio por el que se ha tributado cuando se hereda, en una suerte de doble pago a menudo insoportable para el bolsillo del propietario o del heredero, sobre el que ya pesa una presión fiscal insoportable, ora municipal, ora autonómica, ora nacional.

Pero hay otra amenaza mayor, disparada con la crisis y calentada por año de irresponsable respaldo desde trincheras políticas que la jaleaban y blanqueaban: la ocupación de viviendas y locales, un fenómeno en crecimiento que nadie sabe o quiere parar y está llenando España de imágenes inquietantes en las que son los vecinos de cada barrio quienes salen a la calle a defenderse ante el abandono generalizado.

No existe ninguna razón que justifique la ocupación ilegal de una propiedad ajena. Ni siquiera en los casos de necesidad extrema, que han de ser atendidos de manera regulada por la Administración y no impuesta, por la fuerza, a ningún propietario. Y tampoco obviamente en el de las mafias, que además de invadir un piso que no es suyo mercadean con él, sea buscando inquilinos a los que se les cobra o negociando un precio con los propietarios chantajeados para devolvérselo.

Frente a eso ni la Justicia ni las leyes que condicionan la respuesta de los Cuerpos de Seguridad han dado una respuesta firme, rápida e incuestionable; protegiendo antes los inexistentes derechos de los invasores que los legítimos de los dueños, condenados a menudo a perder su propiedad y a seguir pagando las facturas.

Es inadmisible y no hay ninguna razón para que, con los cambios legales que sean, este creciente problema se resuelva en 24 horas: primero desalojando a los "okupas" de inmediato y restituyendo los derechos de los propietarios. Y a continuación buscándoles alternativas si su situación es desesperada.

Cargar en el ciudadano una "solidaridad forzosa" es inaceptable, impropio de un Estado decente e indiciario del caldo de cultivo que el populismo ha generado en España, legitimando desde partidos y dirigentes como Pablo Iglesias o Ada Colau lo que no es más que un delito. Ellos mismos lo demuestran, caso del hipócrita vicepresidente, garantizándose la custodia de su chalet en Galapagar con policías nacionales mientras pleitea en Europa contra la ley de desahucios exprés.

El PP y Ciudadanos han presentado recientemente sendas propuestas para zanjar este asunto, pero no parece que le corra prisa al Gobierno. Y eso, además de ser injusto, estimula las patrullas callejeras y la defensa personal: porque si el ciudadano se siente abandonado, es lógico que piense en respuestas alternativas que protejan sus intereses. Aunque eso presagia conflictos sociales muy inquietantes.