El PP enfrenta a Sánchez a su última mentira a favor del separatismo catalán

Una de las promesas estrella de Pedro Sánchez durante a campaña electoral fue castigar con pena de prisión los referendos ilegales. Sin embargo esa promesa se fue diluyendo hasta llegar a una nueva propuesta de modificación lanzada como un globo sonda que pretende rebajar los delitos de sedición y rebelión, con la intención de beneficiar a los presos independentistas.

Sin embargo, este martes tendrá que decidir en el Congreso de los Diputados qué Pedro Sánchez va a ser. Si es el garante de la ley o si, por contra, está dispuesto a romper su promesa electoral a cambio del favor de los independentistas.

Y es que, el PP lleva a la Cámara Baja una reforma puntual del Código Penal para volver a castigar con cárcel los referendos ilegales, proponiendo penas de prisión e inhabilitación para quienes convoquen, autoricen, promuevan o faciliten consultas sin cobertura legal. Algo a lo que se comprometió el propio Sánchez en el debate electoral previo a las últimas Elecciones Generales.

Una penalización la introdujo el Gobierno de José María Aznar en 2003 al hilo del llamado 'Plan Ibarretxe', pero fue derogada años después por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero tras llegar a la Moncloa.

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 Y es que, el PP considera que "los acontecimientos recientes de la historia de España" demuestran que promover conductas como la convocatoria ilegal de referéndum revisten "suficiente entidad como para merecer un reproche penal" y tener un efecto disuasorio.

Así, los populares pretenden introducir de nuevo en el Código Penal el artículo 506 bis para que la autoridad o funcionario público que, careciendo manifiestamente de competencia para ello, convoque o autorice la convocatoria de elecciones o consultas populares por vía de referéndum sea castigado con la "pena de prisión de tres a cinco años e inhabilitación absoluta por un tiempo superior entre tres y cinco años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta".

También propone un artículo 521 bis que penaliza a quienes participen como "interventores o faciliten promuevan o aseguren su realización una vez acordada la ilegalidad del proceso", de forma que serán castigados con la "pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses".

De esta manera, el PSOE tendrá que retratarse ante la opinión pública, frente a sus votantes y frente a los independentistas quer sostienen su gobierno y tendrá que decidir si es coherente con sus promesas electorales o si finalmente está totalmente rendido ante las exigencias de ERC.