Anticorrupción se harta y denuncia a la juez de los EREs por sus favores al PSOE

La actitud de la juez que instruye la macrocausa por los ERE fraudulentos de la Junta de Andalucía ha acabado por colmar la paciencia de la Fiscalía Anticorrupción, que está encontrando en la magistrada María Núñez Bolaños una disposición muy distinta a la de su antecesora en el Juzgado, Mercedes Alaya.

El Fiscal Jefe de la misma, Alejandro Luzón, ha presentado una denuncia ante el Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial contra la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla por el "retraso injustificado" en la tramitación de las piezas separadas del caso ERE así como en el caso Avales y en el caso Idea. Todos ellos relacionados con la corrupción en el PSOE de Andalucía.

El Ministerio Público considera que la juez, que se encuentra de baja desde hace dos semanas, podría haber incurrido en una falta grave o muy grave ya que "la situación procesal de estas causas se ve afectada por la desatención y retraso injustificado en su tramitación y resolución, con evidente perjuicio de los fines del proceso penal y de la Administración de Justicia".

"La Fiscalía Anticorrupción considera que por este motivo está resultando imposible proceder en los términos exigidos por la Ley de Enjuiciamiento Criminal a la práctica de las actuaciones en orden al esclarecimiento de los hechos y a la determinación de la responsabilidad de los partícipes, favoreciéndose con todo ello que el ejercicio de la acción penal no alcance sus objetivos", expone en un comunicado.

Lo cierto es que el desencuentro entre la magistrada y la Fiscalía viene de lejos, puesto que los fiscales consideran que la dejadez de Núñez Bolaños ha perjudicado y sigue perjudicando su trabajo. Y que ha provocado, entre otras cosas, desimputaciones de varios exaltos cargos socialistas y prescripciones de delitos.

De hecho la sombra de la sospecha siempre la ha perseguido, y constantemente se ha especulado sobre sus maniobras de dilación para eternizar la macrocausa y acabar diluyéndola.

En abril del año pasado, la juez tuvo que ver incluso cómo la Audiencia Provincial de Sevilla revocó de una tacada cuatro autos de archivo dictados por ella, referentes a personas que cobraron ayudas de la Junta de Andalucía para financiar su prejubilación en empresas donde no habían trabajado nunca.