El Consell modifica sus presupuestos para subir el sueldo a 150.000 funcionarios

El pleno del Consell ha aprobado este viernes la modificación de los Presupuestos de la Generalitat para incorporar el aumento salarial recogido en los Presupuestos Generales del Estado para 150.000 empleados públicos valencianos y ampliar la tasa de reposición.

Esta modificación presupuestaria adapta las retribuciones de funcionarios de la Generalitat, universidades y centros docentes concertados a la ley estatal recientemente publicada, lo que supone una subida del 1,5 % desde el 1 de enero, y un 0,25 % adicional condicionado a que el PIB crezca al menos el 3, 1% y que se percibiría con efectos desde el 1 de julio de este año.

Según ha explicado la vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, el decreto ley de modificación presupuestaria aprobado mantiene la tasa de reposición de efectivos en el 100 % en servicios prioritarios, incorporando Tecnologías de la Información, al tiempo que se amplía del 50 % al 75 % para el resto de servicios.

Además, se autoriza una tasa adicional de reposición del 5 % por creación de nuevos servicios, incremento de la actividad y jubilaciones, y se pone en marcha un nuevo proceso de estabilización del personal temporal.

El decreto ley recoge, tal como está fijado en los Presupuestos Generales del Estado, la posibilidad de que la masa salarial pueda incrementarse en un 0,20 % adicional con la finalidad de que las diferentes administraciones puedan adoptar medidas para la racionalización de las plantillas y las retribuciones.

En concreto, la norma, que se remitirá a las Corts para su convalidación, permitirá, entre otras actuaciones, la homologación de retribuciones ligada a la desaparición de la brecha salarial en sectores especialmente feminizados, según la Generalitat.

En el marco de esta adaptación a la legislación básica estatal, se incluyen asimismo las nuevas directrices fijadas sobre el complemento de la prestación económica en situación de incapacidad temporal del personal al servicio del sector público de la Generalitat, de forma que se elimina el descuento por baja laboral introducido en 2012, y el nuevo régimen de disfrute del permiso de paternidad, que se amplía a seis semanas.

Otra novedad es la autorización para que en las ofertas de empleo público que se convoquen para cubrir los efectivos se pueda ofrecer un número de plazas equivalente al 5 % del total de la tasa de reposición, que irán destinados al establecimiento de nuevos servicios públicos, al incremento de la actividad estacional por la actividad turística o para atender al elevado volumen de jubilaciones esperadas.

El decreto ley autoriza una tasa adicional para la estabilización de empleo temporal que incluirá las plazas de naturaleza estructural que, estando dotadas presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores al 31 de diciembre de 2017 en los siguientes servicios y colectivos: personal de administración y servicios generales, de investigación, de salud pública e inspección médica, así como otros servicios públicos.

En los Presupuestos de la Generalitat para 2018, dado que no se habían aprobado todavía los Presupuestos Generales del Estado, se optó por mantener las retribuciones para los empleados públicos en los mismo términos que en 2017, pero estableciendo los mecanismos que hacían posible una futura revisión de estas retribuciones.

Es la misma situación que se dio el año pasado y que ya obligó a aprobar un decreto ley para actualizar las retribuciones del personal. Con esta previsión, los presupuestos autonómicos de 2018 contemplan una reserva de fondos para atender el incremento, una vez aprobados los Presupuestos Generales del Estado.

Se blindan los servicios sociales

En otro orden de cosas, el pleno del Consell también ha aprobado el proyecto de ley de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunitat, que pretende adecuar el sistema de servicios sociales a las necesidades de la ciudadanía y les da la consideración de servicios esenciales y de interés general, lo que permita "blindarlos y garantizarlos".

Según ha explicado la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ese proyecto de ley transforma la "concepción asistencialista propia de visiones caritativas de las antiguas políticas sociales" en una visión "moderna de derecho subjetivo y alcance universal" en la que esos derechos fundamentales no dependan de si hay más o menos presupuesto en un determinado ejercicio.

Así, se reconoce y garantiza el acceso al Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales a todas las personas con residencia en la Comunidad Valenciana y que necesiten de los servicios. La nueva ley será el marco jurídico de actuación, que ordenará y regulará los servicios sociales en la Comunidad Valenciana y donde quedarán plasmados los derechos subjetivos en materia de servicios sociales de la ciudadanía valenciana.

Con esta iniciativa, según Oltra, "el Consell quiere blindar la normativa en materia de política y servicios sociales con el objetivo de garantizar los derechos reconocidos a la ciudadanía y evitar que cambios futuros puedan arrebatárselos" y para ello es la primera Comunidad Autónoma que los declara por ley servicios de interés general y esencial.