Deliveroo plantea un ERE para sus oficinas españolas con 90 despidos

Deliveroo ha anunciado su intención de llevar a cabo un expediente de regulación de empleo (ERE) para sus oficinas de Madrid, Barcelona y Valencia, que incluiría el cese de 90 empleados. Según ha indicado UGT, la plataforma tiene la intención de trasladar esta actividad a Rumanía.

Ahora se inicia un periodo de negociaciones para lo que, según los sindicatos, sería “en realidad una deslocalización con el fin de llevarse su actividad a un nuevo centro de Rumanía, una huida que coincide con la apuesta del Gobierno por regularizar a los repartidores de las plataformas digitales y convertirlos en empleados por cuenta ajena, como ya han sentenciado diferentes tribunales en nuestro país”.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció hace unas semanas que tiene la intención de llevar el proyecto del ley de los riders al Parlamento antes de que comience el mes de agosto y Deliveroo cuenta en España con más de 2.500 riders que reparten en 70 localidades distintas.

En este sentido, la empresa ha reconocido la presentación del ERE del que aún no se ha tomado ninguna decisión, pero asegura que no está relacionado con una intención de dejar de operar en España.

UGT ha recordado que Deliveroo se encuentra inmerso en un ERTE a consecuencia del COVID-19 que afecta a casi 40 trabajadores y que las empresas que se encuentra en esta situación y son beneficiarias de la exención del pago de cuotas a la Seguridad Social están sujetas a un compromiso de mantenimiento del empleo durante seis meses.

Además, UGT denuncia que Deliveroo “se quiere ir sin pagar la deuda millonaria que tiene con la Seguridad Social”. Según el último informe de la Dirección General de Trabajo sobre la lucha contra el fraude en las plataformas digitales, la deuda del conjunto de las plataformas, entre las que se encuentra Deliveroo, superaría los 10 millones de euros.

En este sentido el sindicato asegura que “no va a permitir que este tipo de empresas pretendan modificar la legislación vigente cuando huyen ante la obligación de cumplir con la norma”. “El Gobierno tiene que tener en cuenta la actitud de estas plataformas digitales y denunciarlo ante la Unión Europea, no se pueden hacer leyes a medida cuando se están infringiendo todas las normas y, además, se acumulan deudas millonarias con la Seguridad Social”, aseveran.