España no se puede dejar humillar por una decisión infame de un tribunal local

La insólita decisión de un tribunal regional de Alemania de limitar la extradición de Puigdemont a España por un delito de malversación, liberándole de otros como sedición o rebelión por los que sus compañeros de asonada deberán rendir cuentas; pone en solfa la idea de Justicia compartida en Europa, descalifica el sentido de las euroórdenes y genera un conflicto político de primera magnitud entre dos Estados miembros y, por extensión, entre todos ellos.

La propaganda soberanista ya se ha encargado de presentar la resolución como una enmienda a la totalidad del Estado de Derecho español y como una prueba de la legitimidad del procés y de la propia independencia de Cataluña: que el fallo alemán no diga eso y se haya limitado a descartar el encaje del delito de rebelión en su ordenamiento jurídico, precepto necesario para proceder a cualquier extradición en los términos del reclamante, le es indiferente a un movimiento que ha hecho de la mentira y la publicidad su principal estrategia.

Sánchez debe alinearse con el Supremo y elevar el debate a Europa, que no puede ser refugio de fugados ni de golpistas

Para rematar el desasosegante panorama, el nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tenido por única reacción una rutinaria aceptación de la decisión que ha sonado a aceptar, sin más, el retorno a España del cabecilla catalán para someterse a un juicio menor con pocas consecuencias. Sólo el Tribunal Supremo, con el siempre sólido juez Llarena al frente, ha tenido una reacción a la altura al deslizar que, en esas condiciones, no aceptará la extradición.

¿Justicia Universal?

Y haría muy bien. Ningún tribunal europeo está habilitado, ni técnica ni legal ni políticamente, para enmendar al Supremo comportándose como una instancia superior con capacidad de decidir qué delitos se han cometido en un Estado y cuál es el precio a pagar por los infractores. No es ése el sentido de las euroórdenes, un mecanismo para garantizar la Justicia Universal en el espacio europeo y no una triquiñuela para proteger a fugados.

La gravedad es tal que traspasa el terreno jurídico para adentrarse en el político y afecta a la misma concepción de Europa como espacio de socios solidarios con unos mismos valores que refuerzan un proyecto común en todos los órdenes. Y por eso, a la vez que el Supremo cumple su función, las instituciones españolas han de hacer el suyo.

Empezando por el nuevo Gobierno, cuyo presidente ha pasado en un mes de exigir el endurecimiento del delito de rebelión en el Código Penal a contentarse con una resolución infame de un tribunal provincial que refuerza el victimismo nacionalista y ataca a la integridad del Estado de Derecho y de la democracia españoles.

Ningún tribunal menor puede enmendar a la Justicia española y las euroórdenes nunca fueron diseñadas para eso

Elevar una queja del máximo rango, trasladar a la instituciones europeas el debate sobre el fracaso de las euroórdenes y alinearse con el Supremo son tres obligaciones básicas del Ejecutivo que, sin embargo, parece dispuesto a incumplir.

¿Quién responde?

Con un PP enredado en un cansino debate interno que ha facilitado la consolidación de un presidente sin votos apoyado precisamente en el soberanismo, nada ni nadie parece preparado para liderar la imprescindible respuesta a la caprichosa decisión alemana ni a la tibia complacencia del Gobierno español. Pero alguien tendrá que hacerlo o esta derrota judicial se convertirá en el preámbulo de otra peor, política, institucional y ciudadana: el independentismo se siente ahora legal y obrará en consecuencia.