28 de octubre de 2020
DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT

Celaá da la espalda a padres y maestros en su sectaria ley de Educación

La ministra de Educación, Isabel Celaá

La ministra de Educación, Isabel Celaá

PSOE y Unidas Podemos se han negado a que la comunidad educativa participe en el debate sobre la nueva norma, dejando a un lado el consenso necesario para una ley de tal calado.

El Gobierno no quiere que padres y maestros opinen sobre la nueva norma educativa que ya ha puesto en marcha Isabel Celaá. No quiere grietas ni fisuras, ni que la comunidad educativa pueda criticar las carencias de una ley que pretende 'normalizar' los suspensos y excluir a la escuela concertada.  Por ello, por primera vez en la historia de la democracia española una ley de tal calado no contará con la presencia de expertos que puedan aportar sus conocimientos en su proceso de tramitación. 

Y es que, la Comisión de Educación y Formación Profesional del Congreso ha rechazado por 20 votos en contra del PSOE y Unidas Podemos, que la comunidad educativa participe en la tramitación, a través de comparecencias, del Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley actual de Educación, la denominada 'ley Celaá'.

"Una nueva deriva autoritaria" del Gobierno según ha denunciado  Sandra Moneo, portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular. De hecho, ha calificado de "vergüenza" que no vaya a haber comparecencias, cuando para la tramitación de la LOMLOE ('ley Wert') hubo más de 50, de las cuales 16 fueron solicitadas por el PSOE.

 "Esta ley se impondrá sin debate social porque en el fondo el PSOE sabe que no tiene nada nuevo que ofrecer para la transformación y mejora del sistema educativo. Su proyecto de ley es un proyecto anticuado rehén de los prejuicios ideológicos de un partido socialista en descomposición", ha asegurado.

Por su parte, la diputada de Ciudadanos, Marta Martín, ha calificado de "atropello brutal al procedimiento democrático de tramitación de una ley" que no se celebren comparecencias, por lo que ha anunciado que su partido procederá a "denunciarlo donde haga falta".

Sin embargo, los partidos del Gobierno han intentado justificar esta decisión argumentando motivos de tiempo. No quieren dilatar los plazos para su aprobación, para que pueda entrar en vigor cuanto antes. Así, la diputada socialista, Luz Martínez Seijo, ha justificado el voto en contra de la celebración de comparecencias a la "urgencia" de modificar la actual ley educativa, aprobada, en sus palabras, "por el rodillo del PP".

Mientras que desde Unidas Podemos entienden que ya se tuvo ese proceso de contacto y escucha con la comunidad educativa durante estos meses previos. "Pretenden dilatar el trámite", señala el diputado 'morado' Joan Mena, ya que indica que el objetivo de PP, Cs y Vox es que no salga adelante la reforma de la ley educativa.

De esta manera, el Gobierno pretende tener lista cuanto antes la norma, aplicando su propio 'rodillo' y evitando escuchar a todos los expertos posibles, de manera que la ley esté en el Senado antes de que finalice el año y así dar luz verde a una de las normas más polémicas de la legislatura.

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