20 de agosto de 2019
DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT

La insensatez de Puigdemont aboca a Cataluña a un escenario de violencia y caos

El peor pronóstico previsto por el Gobierno ha llegado al final de la escapada del presidente de la Generalitat. Los radicales de la CUP liderando la gran frustración de un "procés" inviable

 

 

La normalidad democrática. Simplemente la legalidad y el funcionamiento ordinario del Estado de Derecho acabaron este miércoles 20 de septiembre -otro de esos días que tendrá su sitio en los libros de Historia- con la posverdad del procés.

La espantada de ERC y el PDeCAT del Congreso no puede ser más desesperanzadora de lo que está por venir. Y la caída de la máscara de Podemos, también.

Es posible que a sus impulsores, en especial a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras se les hubiera olvidado un fundamento básico de cualquier democracia. Enredados como lo están en esa gran manipulación de la realidad que arrancó el pasado día 7 en el Parlament con la bochornosa aprobación de la Ley del Referéndum. 

Y como España es una democracia, el Gobierno de la Nación vela por el cumplimiento de la Ley; los jueces, garantizan su ejecución; y la Policía y la Guardia Civil ponen los medios a su alcance para que las resoluciones judiciales no se vulneren.

Y así, como no podía ser de otra forma, lo reiteró Mariano Rajoy en su solemne declaración institucional que por la noche pronunció desde el Palacio de La Moncloa. "El Estado de Derecho no fallará, tiene los mecanismos para defender la legalidad", recalcó, para advertir que cualquier nueva violación de la ley tendrá su respuesta  "firme, proporcionada y rigurosa". Y aún quiso lanzar un mensaje de tranquilidad a los catalanes. "El Gobierno velará por que nadie sufra las consecuencias en sus trabajos, en sus empresas y en sus vidas", dijo.

Y esto es simplemente lo que ha sucedido este miércoles en Cataluña, cuando la Guardia Civil ha procedido a la detención de 14 altos cargos de la Generalitat, el denominado núcleo duro del diseño de la consulta ilegal del 1 de Octubre suspendida por el Tribunal Constitucional. Desautorizados por el Poder Judicial, sin fundamento legal alguno que sustentaran sus pasos y aislados internacionalmente, Puigdemont y Junqueras han llegado al final de su escapada.

 

 

 

 

De unos gobernantes medianamente responsables cabría haber esperado un llamamiento a la serenidad, a la reflexión y a la cohesión de la sociedad catalana. Que se ha convertido en la primera víctima de este irreflexivo proceso en el que además Puigdemont ha viajado acompañado de los peores socios aconsejables.

Primero, los anarquistas antisistema de la CUP. Después, una Carmen Forcadell que nunca quiso vestir el ropaje de la segunda autoridad institucional de Cataluña, sino los de una activista callejera más. Y por último, los líderes hipersubvencionados de las plataformas ANC y Òmnium Cultural.

Puigdemont y los miembros del Govern en la declaración institucional tras el golpe policial a la organización del 1-O.

 

Pero la comparecencia pública del presidente de la Generalitat tras la operación policial -es obligado reiterarlo, ordenada por un juez en la propia Cataluña- no puede ser más preocupante. ¿Y ahora qué? ¿Qué proponen los líderes independentistas?: Más victimismo y la calle. Y Puigdemont y los suyos se han empeñado en apelar a los más bajos instintos, los de los sentimientos. Los de la movilización callejera.

Y así, el procés se encamina ahora hacia el escenario que más preocupa a Mariano Rajoy y al resto de líderes de partidos constitucionalistas. El del conflicto civil, el recrudecimiento del acoso a los alcaldes que se niegan a ser cómplices de la consulta ilegal. Y, cómo no, la violencia de la CUP, Arrán, los anarquistas y sus proetarras infiltrados canalizando el enorme caudal de frustración ciudadana generado por esta irresponsable aventura. Una frustración que no acabará el 1-0 y que, lamentablemente, va a extenderse seguramente durante décadas.

 

 Dirigentes de la CUP, con su parlamentario David Fernández a la cabeza, este miércoles enfrentándose a un grupo de agentes de la Policía Nacional.

 

Por si fuera poco lo preocupante del escenario que ahora se abre tras el golpe definitivo a la organización del 1-O, Pablo Iglesias se ha decidido a quitarse ya la careta para sacar a la luz su verdadero objetivo, el que ha tratado de disfrazar hasta ahora. Simple y llanamente la voladura del sistema constitucional que los españoles nos dimos en 1977. La sustitución de la Monarquía parlamentaria y la consolidación en plena Europa de un régimen populista a imagen y semejanza de aquellos países, como Venezuela, que tanto contribuyeron a la creación de Podemos.

PP, PSOE y Ciudadanos tienen en su mano servir de bolardo constitucional frente a la envergadura de la amenaza a la que se enfrenta España. No es momento para que Mariano Rajoy, Pedro Sánchez y Albert Rivera se miren con desconfianza ni saquen su calculadora intentando calcular cuántos votos obtendrán los otros en unas hipotéticas elecciones tras el 1-O.

Desde hoy, sin perder un minuto, los partidos constitucionalistas tienen el deber de defender juntos la legalidad española ante su mayor desafío desde el golpe de Estado del 23-F. La inmensa mayoría de los españoles así lo exigen. Y ellos también son el poble.

 

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